Arranca el Gobierno del cambio que prevé la creación de 600.000 empleos en Andalucía en cuatro años

PP y Ciudadanos ponen en marcha el primer Gobierno de la Junta de Andalucía ajeno al PSOE, presidido por Juanma Moreno, con 11 consejerías entre las que se nombra a cinco independientes, y con la creación de empleo como objetivo prioritario

El bienestar en Andalucía se llama empleo. Lo que más preocupa a los andaluces es el empleo. Toda política social comienza por el empleo. En consecuencia, Señorías, la tarea más importante entre las que ha de abordar mi Gobierno será el empleo". Con estas palabras pronunciadas en el debate de investidura por Juan Manuel Moreno Bonilla en el Parlamento Andaluz definió la que será la prioridad del primer presidente de la Junta de Andalucía que no pertenece al PSOE. No en vano, fue una de las promesas clave en su campaña electoral, en la que prometió la creación de 600.000 empleos en cuatro años, cifra que ha silenciado desde su toma de nombramiento.

El político malagueño tomó posesión de su cargo el pasado día 18 en un acto que reunió en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas a varias generaciones de dirigente del PP, desde el actual presidente, Pablo Casado, a su antecesor, Mariano Rajoy, acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría -ambos le respaldaron en su candidatura-, así como a Javier Arenas, Gabino Puche o Antonio Hernández Mancha.

Los populares han tenido que esperar décadas antes de ver hecho realidad su sueño de poder gobernar en Andalucía, la región más poblada de España -con 8,5 millones de personas- y desbancar a los sucesivos gobiernos socialistas.

En esta ocasión, el PP lo ha conseguido -pese a obtener los peores resultados de su historia- gracias al acuerdo a tres bandas alcanzado por un lado con Ciudadanos -con el que firmó un Pacto de Gobierno- y con el apoyo de Vox -con el que firmó un Pacto de Investidura que le permitió contar con sus 12 escaños para realizar el cambio en Andalucía-.

El acuerdo de gobierno con la formación naranja se materializó días después, el 22 de enero, con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo autonómico, presidido por Juanma Moreno, y con la Vicepresidencia de Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía. Ambas formaciones se han repartido las 11 consejerías -dos menos que el Gobierno de Susana Díaz-, de manera que 6 quedan en manos del PP y 5 en manos del partido de Albert Rivera, si bien en el nuevo Gobierno hay cinco independientes. 

Marín se ha quedado con una superconsejería que incluye la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En el primero de los departamentos, el líder de Ciudadanos gestionará uno de los sectores que se han convertido en motor económico de Andalucía, con 30,6 millones de visitantes en 2018, que dejaron más de 21.100 millones de euros en la comunidad.

Para contrarrestar ese gran departamento, Moreno ha puesto a su mano derecha, Elías Bendodo -hasta la fecha presidente de la Diputación de Málaga- al frente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Será a este departamento al que le tocará lidiar con uno de los nudos gordianos de la Junta: la gestión de los más de 270.000 empleados públicos andaluces y la efectividad de una Administración puesta en entredicho por el propio PP desde la oposición.

Administración paralela

Tanto los populares como Ciudadanos llevan años denunciando la politización de la Administración andaluza, la creación de entes instrumentales sin control, la colocación de afines al PSOE en puestos de todos los niveles y la entrada de empleados públicos sin oposiciones. Según los datos ofrecidos por el propio Gobierno saliente, existen unos 300 entes en la denominada "Administración paralela" en la que trabajan más de 27.000 personas. Precisamente, y para saber por dónde afrontar el actual entramado del sector público, la primera medida del primer Consejo de Gobierno, celebrado este sábado de manera extraordinaria en Antequera, fue encargar una auditoría de ese sector público instrumental. El presidente andaluz declaró que le gustaría tener en apenas mes y medio una primera visión de "todo lo que está bajo sospecha", especialmente en esa Administración paralela.

Rebaja de impuestos

Una de las consejerías que provocaron cierta tensión en el reparto fue la de Hacienda, que finalmente quedó en manos del PP. Moreno Bonilla ha confiado este departamento, que también incluirá Industria y Energía, en Alberto García Valera, un reconocido técnico en la materia que fue director de la Agencia Tributaria en Andalucía y posteriormente director general de Tributos en el Gobierno de Rajoy.

Es a este consejero al que corresponderá poner en marcha el nuevo presupuesto para la comunidad para el presenta año -que quedó sin aprobar y cumplir con una de las grandes promesas electorales de Moreno Bonilla: la que denominó "bajada masiva de impuestos", que comenzará de manera inmediata con los trámites para eliminar en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía; así como la rebaja del tramo autonómico del IRPF, y la reversión de la subida del Impuesto de trasmisiones.

Este mismo departamento será el encargado de promover la reindustrialización de Andalucía, que sigue en niveles bajos -en torno al 12 por ciento-, así como el impulso de las energías renovables, que vuelven a crecer después de varios años de parón en la comunidad.

Reactivación económica

Por su parte, Ciudadanos ha decidido confiar la Consejería de Economía y Conocimiento al reconocido catedrático de Teoría Económica Rogelio Velasco, actualmente profesor en el Instituto de Empresa. Tras su toma de posesión, insistió en que impulsará medidas de "reactivación económica" que espera que se empiecen a notar "en un plazo mediano" de tiempo para que "la economía andaluza crezca más, genere más empleo y esté más diversificada sectorialmente".

El nuevo consejero quiso dejar claro que "la política económica de un gobierno no depende sólo de una consejería o un ministerio que se llame Economía", sino que "implica a todas las consejerías" y áreas como Empleo, Desarrollo Rural o desarrollo del sector turístico, e "implica temas industriales", y de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

Sin embargo, esta última entidad -considerada una de las joyas de las empresas públicas andaluzas- ha pasado de manos de esta Consejería a la de Presidencia, en manos de Elías Bendodo (PP).

El objetivo de esas medidas será la creación de empleo en entorno que no parece especialmente optimista. El propio presidente andaluz señaló en su toma de posesión que "Andalucía se enfrenta, como el resto de España, a una etapa de desaceleración económica para la que hay que estar preparados".

800.000 parados

Al frente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ciudadanos ha situado a otra independiente, Rocío Blanco, quien reconoció en su toma de posesión que el paro "es la patata caliente en Andalucía y hay que abordarlo cuanto antes".

No en vano, el número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Andalucía se sitúa en casi 800.000 personas (788.767), tras bajar en 36.597 durante el año 2018.

En declaraciones a los periodistas, la nueva consejera mencionó la precariedad laboral y la falta de estimulación de la iniciativa privada como problemas en este ámbito.

Otra consejera con responsabilidades económicas, en este caso en el ámbito rural, será la almeriense Carmen Crespo, hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento Autonómico, nombrada consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible -que incluye Medio Ambiente-, cuyo primer objetivo será negociar la nueva PAC.

Modelo de financiación

Hace menos de un año, el pasado mes de abril, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acudió al Palacio de la Moncloa a presentarle al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un documento aprobado por todos los grupos del Parlamento Andaluz -a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo- en el que la Comunidad denunciaba su infradotación en el actual sistema de financiación autonómica al no reconocerse su población real y reclamaba al Ejecutivo central un aumento estimado en unos 4.000 millones de euros anuales.

El PP Andaluz de Juanma Moreno también firmó ese documento, pero la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa e hizo presidente a Pedro Sánchez hizo que la líder socialista bajara la intensidad de la reclamación que le servía de confrontación contra el Gobierno popular.

Las circunstancias un año después son exactamente las contrarias y ahora es el nuevo presidente andaluz el que va a abanderar la petición del conjunto de la cámara autonómica ante el socialista Pedro Sánchez.

En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ya advirtió de que Andalucía reivindicará su peso en el conjunto nacional y denunciará los agravios que supongan los pactos del PSOE para contentar a Cataluña.