La Junta burla al TC con la jornada no presencial de los funcionarios

El Gobierno de Susana Díaz mantiene las 35 horas presenciales para los 250.000 funcionarios y les permite computar otras 2,5 con teletrabajo y actividades muy diversas, incluida la meditación

La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la jornada laboral de 35 horas semanales en los 270.000 funcionarios andaluces que había aplicado en 2017 unilateralmente la Junta de Andalucía ha obligado a la Administración autonómica a hacer a principios de año todo tipo de piruetas para no dar marcha atrás en su decisión, que supondría además el despido de miles de empleados contratados para poder aplicar esa norma el pasado año.

Para sortear la difícil situación, el Gobierno de Susana Díaz acordó en diciembre con los sindicatos mantener el actual horario presencial de 35 horas y dejar que las 2,5 horas restantes se pudieran realizar "desde casa", o computando determinadas actividades formativas.

La polémica llegó ocho días después de la entrada en vigor de la nueva norma, cuando la Junta colgó en su web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública un documento de 45 páginas con el catálogo de tareas que pueden ser compatibles con este carácter no presencial, así como el método de cómputo de las mismas. Se trata de un amplio catálogo que permite computar como horas de trabajo el hecho de matricularse en la universidad, ya sea en un grado o un máster, hacer cursos online de formación, de conocimiento de fondos europeos, estudiar idiomas o asistir a jornadas y congresos específicos.

La polémica -y la burla generalizada a nivel nacional- se produjo al conocer que entre las muchas actividades que servían para computar como horas laborales se incluía todo tipo de cursos de meditación, de autoayuda o de liderazgo personal. En la mayoría de los casos, la flexibilidad del catálogo de teletrabajo ha sido percibida por los propios funcionarios como un claro subterfugio legal de la Junta ante el TC para que todo siga como hasta ahora.

Sin embargo, la situación se ha convertido en una patata caliente a nivel jurídico -Susana Díaz está bordeando el incumplimiento de una sentencia del Alto Tribunal español- y político, ya que la mayoría de los partidos políticos rechazan esta medida pero prefieren no meterse en esta polémica que afecta a tantos miles de andaluces en año preelectoral.

Uno de los partidos que trata de salir indemne de la situación creada es el propio PP, cuyo líder regional, Juanma Moreno, se había comprometido el pasado año a mediar ante el Gobierno de Mariano Rajoy para que retirara el recurso ante el TC sobre la jornada laboral de los funcionarios andaluces. La situación es aún más enrrevesada si se tiene en cuenta que la Administración central ha recurrido esta jornada laboral a la vez que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro anunciaba que quiere empezar a aplicar esa medida este mismo año en algunos departamentos a nivel nacional.

Por su parte, y ante la polémica y la burla creada por el catálogo de actividades aprobada que incluye el mindfullness, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se limitó a pedir explicaciones a la consejera de Administración Pública, María Jesús Montero, y reclamar que las horas no presenciales se dediquen a "actividades productivas".

Mientras tanto, la nueva norma también ha levantado ampollas entre los profesionales sanitarios, a los que no se les permite esos trucos para cumplir su jornada. Los sindicatos profesionales independientes de sanidad, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Enfermería de Sevilla (Satse) y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (Usae) han anunciado medidas contra la "discriminación flagrante" del decreto. Su intención última es que la Consejería de Hacienda y Administración Pública modifique el documento "para que pueda ser consensuado en la mesa sectorial".

Además, el Sindicato Andaluz de Funcionarios dice estar en contra de "toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación de la ley o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias, máxime si ello se promueve desde la propia Administración".