Las agencias de empleo ayudarán al Servicio Andaluz de Empleo a colocar a los parados andaluces

Andalucía ha perdido más de 78,5 millones de euros del Estado entre 2015 y 2018 al negarse la anterior Junta a aplicar esta fórmula de intermediación en una región con 780.000 parados

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha aprobado la licitación del contrato de prestación del servicio de colaboración con las agencias de colocación para la inserción laboral de personas desempleadas por un importe de 1.920.043,96 euros. Es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este tipo en la comunidad autónoma andaluza y con ella, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo accede a una histórica reivindicación de estas empresas privadas y facilitará la colocación de parados andaluces.

Este contrato tendrá una duración de 24 meses y permitirá al SAE la remisión a las agencias de colocación adjudicatarias de personas desempleadas con el objetivo de "llevar a cabo actuaciones de inserción laboral de forma integral, que incluyen acciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado".

De esta colaboración público-privada se beneficiarán "al menos 4.000 personas desempleadas", fundamentalmente jóvenes entre 18 y 29 años de edad y parados de larga duración, según estima la Consejería, que agrega que el contrato "permitirá la atención, fundamentalmente, de los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo y establece un objetivo superior al que obtienen los servicios públicos de empleo". En la actualidad, en Andalucía existen 132 agencias de colocación, cuya tramitación es competencia del Servicio Andaluz de Empleo.

Desde UGT-A han querido hacer pública su "desaprobación de este tipo de medidas que no hacen más que intentar privatizar los servicios de intermediación laboral para, lejos de profundizar en una mejora de la calidad del servicio prestado a los trabajadores andaluces, convertirse en un nuevo nicho de negocio al servicio de la iniciativa privada".

Lo cierto es que el nivel de intermediación actual del SAE en los contratos que se firman en la región apenas alcanza el 2,7%, cifra que la propia consejera de Empleo, Rocío Blanco, califica de "muy baja", especialmente teniendo en cuenta que el 96% de esa intermediación son para contrataciones del sector público y solo un 4% de empresas privadas.

Esta escasa operatividad es aún más preocupante en una comunidad como Andalucía que cuenta con más de 780.000 personas registradas en este servicio del SAE en busca de un empleo, y cuya tasa de paro según la Encuesta de Población Activa (EPA) supera el 22%. La red de 72 oficinas del SAE cuenta con 3.450 trabajadores, de los que sólo 1.050 empleados son funcionarios de carrera, 500 son laborales que pueden ejercer potestades administrativas y el resto no tienen reconocidas esas competencias, ya que la mayoría han sido absorbidos provenientes de diversas entidades de la denominada "administración paralela" de la Junta, especialmente de la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, mediante Real Decreto en el año 2010, instauró la colaboración de las Agencias de Colocación con los Servicios Públicos de Empleo, calificando esta medida como "ineludible para incrementar las posibilidades de colocación de las personas desempleadas y configurar un mercado de trabajo más equilibrado". Tras ello, se aprobó un Acuerdo Marco con Agencias de Colocación con los Servicios Públicos de empleo, que sirvió para coordinar los proyectos de colaboración público-privada en intermediación laboral. Sin embargo, Andalucía nunca se adhirió, incumpliendo por tanto uno de los principios rectores que se marcaban por la Estrategia Española de Activación para el Empleo.

Por este motivo, Andalucía ha perdido más 78.5 millones de euros en fondos procedentes del Estado a lo largo de estos cuatro años, desde 2015 -año en que el Gobierno central comenzó a realizar transferencia a las comunidades para este fin- a 2018. Estos fondos se podrían haber visto aumentados con la consecución de diversos objetivos.

Los fondos estatales destinados a Agencias de Colocación, como todos aquellos que se reparten anualmente a través de Conferencia Sectorial para su gestión por parte de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, son fondos finalistas y, por tanto, sólo se pueden destinar al fin para el que se reparten. Es decir, sólo pueden destinarse al fin que tienen establecido y si no se ejecutan, se pierden.

La Consejería destaca que con el programa pionero puesto en marcha se busca un modelo de colaboración complementario y en ningún momento sustitutivo de la prestación de los servicios de intermediación por parte de los Servicios Públicos de Empleo que se ha venido desarrollando en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Andalucía.

UGT-A "no entiende la necesidad de trasladar a Andalucía modelos que no dejan de acumular fracasos allá donde han sido puestos en marcha", según asevera el sindicato, que apuesta por "poner en valor" el SAE y, "muy especialmente, a sus trabajadores", para lo cual "hay que apostar firmemente por la gran labor de la agencia pública".