Trabajo abre una investigación a Deliveroo por posible fraude laboral

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, ha abierto una investigación para esclarecer si Deliveroo está empleando a falsos autónomos para evitar el pago de impuestos y la cotización a la Seguridad Social. El expediente se ha abierto tras la presentación de múltiples denuncias contra la firma online por parte de la plataforma ridersxderechos y de varios repartidores a título individual. Fuentes del Ministerio han confirmado a este periódico la apertura de esta investigación, al margen de estudiar cómo se puede regular este nuevo mercado en Internet.

Glovo, una plataforma muy similar a Deliverro, no ha sido denunciada, aunque es objeto también de las críticas por parte de los repartidores y, en el caso de que hubiera una sanción, podría, lógicamente, verse afectada. Los repartidores autónomos acusan a las dos compañías de vulnerar la legislación al establecer una contrato mercantil para esconder lo que en realidad es una relación laboral.

Deliveroo da empleo a unos 80 trabajadores, pero en realidad cuenta con cerca de 1.000 repartidores. Esta misma semana la plataforma ridersxderechos ha anunciado en Barcelona la presentación de un dossier con pruebas sobre su relación laboral con la compañía, que esperan presentar para acompañar su denuncia ante la Inspección de Trabajo. La documentación incorpora las directrices, guías y recomendaciones que Deliveroo establece para el personal encargado de la formación (trainers, en el argot de la empresa), con un listado de términos que no pueden utilizar en su relación con los repartidores, para tratar de evitar así una inspección de Trabajo. "Fijaos en las palabras prohibidas, porque en caso de control externo nos puede dar problemas legales", se asegura. En este sentido, hay términos como turnos, salario, contrato, horario, uniforme o trabajador que están completamente prohibidos, porque podrían dar a entender que existe una relación laboral e implicar el pago de impuestos a Hacienda y la cotización a la Seguridad Social, que ahora mismo corre por cuenta de los repartidores como supuestos autónomos.

Palabras prohibidas

Así, se pide hablar de pago por servicio en lugar de salario; actividad o reparto, en vez de trabajo o colaboración en lugar de contratación. De hecho, hasta las horas que se dedican a la formación, tanto teórica como práctica, no se pueden denominar así, sino sesiones informativas.

Agrupadas en la asociación Adigital, las firmas online han pedido al Gobierno un cambio de la legislación para poder eludir las contrataciones y seguir operando como hasta ahora sin temor a inspecciones laborales mediante la creación de la figura del autónomo digital. José Luis Zimmermann, director general de la asociación, insistía esta misma semana a elEconomista en que "lo que nosotros tenemos es una relación mercantil, en ningún caso laboral, y lo que pedimos es una adaptación de la legislación que regula a los autónomos para poder darles beneficios sin que haya una inspección por ello que nos obligue a cambiar esto". Según dice, "se trataría de crear la figura del autónomo digital para que haya una mayor seguridad jurídica y poder llegar a cotizar por ellos en la Seguridad Social, hacerles seguros o incluso aplicarles las correspondientes retenciones fiscales".

Algo que rechazan, sin embargo, de forma tajante las organizaciones de trabajadores por cuenta ajena. Así, Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos ATA, mantiene que "lo que no se puede es pretender cambiar la normativa para intentar regularizar falsos autónomos, porque sería lo mismo que si alguien pidiera poder vender cervezas sin licencia en la Puerta del Sol o comercializar tortillas con huevos en mal estado para reducir costes". Para ATA, "la legislación actual es muy clara y no hay que cambiarla sino cumplirla y no tratar de disfrazar como autónomos a trabajadores por cuenta ajena".