El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno de Madrid por contratar a la asesora de Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado ha imputado al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de María Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. El magistrado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros tantos delitos, ha citado además a Martín Aguirre a declarar en calidad de investigado el próximo 14 de mayo; el mismo día que comparecerá en calidad de testigo Raúl Díaz Silva, el cargo que identificó Félix Bolaños como el responsable del nombramiento de la asesora de Moncloa.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que "es preciso verificar" si ha existido un delito de malversación de caudales públicos en tanto que Martín Aguirre -en su condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno- participó aparentemente en el nombramiento de Cristina Álvarez "para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos del Estado y, por tanto con fondos de naturaleza Pública". Peinado no obstante descarta indicios de delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El magistrado, que si atribuye "indicios del posible delito de malversación de fondos públicos en cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario" por parte de Martín Aguirre, asegura que "no se alcanza a percibir, en qué medida la destinataria del nombramiento por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna, en la presunta malversación". Es decir, descarta indicios de delito de malversación de fondos por parte de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez al asegurar además que "el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es amplio y que abarca sin ánimo exhaustivo otros asuntos"

La decisión del magistrado se produce tras la querella que presentó el partido político Vox que, precisamente, denunciaba el presunto nombramiento irregular de la asesora de Begoña Gómez. La formación liderada por Santiago Abascal alegaba en su denuncia la posible comisión de los delitos nombrados dado que Álvarez era una persona de Presidencia que gestionaba los negocios privados de Begoña Gómez e, incluso, se encargaba de gestionar los patrocinios de la cátedra y de entablar relaciones con empresas del Ibex-35 para la propuesta una colaboración conjunta.