Investigan a dos funcionarios de la cárcel de Brieva por tener sexo con la asesina Ana Julia Quezada a cambio de un móvil

El juzgado número 4 de Ávila investiga si dos trabajadores de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, tuvieron sexo con Ana Julia Quezada a cambio de tener acceso a un teléfono móvil. Ana Julia se encuentra cumpliendo una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del hijo de su expareja, el niño Gabriel Cruz, en 2018.

En concreto, según ha adelantado el diario 'El País', el juzgado investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) por este hecho.

La información del citado medio recoge que la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada. Según sus testimonios, los encuentros sexuales "se producían por las noches en su celda".

Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con trabajadores de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar "chantajear" a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo "conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador. "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el informe de la directora.

"Según ella, este dispositivo se lo proporcionó el funcionario" que aparece en las diligencias en calidad de investigado y que fue detenido el 4 de septiembre de 2024 "por considerarlo supuesto autor de un delito de abuso de función pública", continúa el informe.

"Ana Julia refiere en la entrevista con el educador que ha sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella", concluye.

Por su parte, según ha explicado después el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, los dos trabajadores de la prisión de Brieva investigados por la Guardia Civil son un funcionario y otro personal laboral.

Estos dos empleados han dejado de trabajar en el centro penitenciario una vez que ha concluido la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y a los testigos, la Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, según ha indicado Galeano. Será ahora este juzgado el que deba marcar las actuaciones a realizar.

La lucha de Patricia Ramírez

En junio de 2024 Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, solicitó a la Audiencia de Almería que investigase el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental, presuntamente con la intención de venderlo a una plataforma como Netflix, y lucrarse de ello.

Según reveló entonces la propia Ramírez, la prisión de Brieva (Ávila) denegó su participación tras detectar posibles irregularidades de la reclusa, como el uso de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario para realizar entrevistas con pensionistas y una productora.

La madre del menor llevó este asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la comisión de Interior y reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos de tipo 'true crime', especialmente aquellos que afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.

"Me da miedo salir a la calle", expresó meses después en una entrevista con la televisión pública suiza, donde advirtió del daño que causan las especulaciones mediáticas y la posibilidad de que se genere "otro juicio paralelo".