La Generalitat Valenciana irá al Constitucional por los menores migrantes y dice que el Gobierno no cubre el 35% del coste

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón se suma a la guerra legal contra el reparto de los menores migrante de Canarias aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Generalitat Valenciana ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, después del acuerdo de presupuestos entre Mazón y Vox.

Según explicó la vicepresidenta Susana Camarero tras la reunión del Consell, seha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso ante el Tribunal Constritucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados, al considerar que "supone una clara injerencia en las competencias propias".

Camarero ha criticado que "el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional".

Además, ha añadido que "el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores, siendo más de 900 los menores atendidos el pasado año".

Saturación

Camarero insistió en que los servicios públicos de la Comunidad ya están saturados y volvió a subrayar que el acuerdo contempla unas cifras mucho menores para Cataluña. "Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable", ha añadido.

En su intervención, la titular de Servicios Sociales también desveló que el coste por plaza de menor migrante acogido se sitúa en 218,85 euros al día de media en la Comunidad Valenciana, mientras que el Gobierno estatal aportará 143 euros día por cada menor, por lo que considera que está en riesgo que se creen menores migrantes de primera y de segunda.

Según la responsable del PP, la Generalitat Valenciana está destinando casi 23 millones de euros al año a acoger a los menores no acompañados en centros públicos, frente a los 1,2 millones de euros que aporta el Estado