Galicia aprueba la ley de recursos naturales para implantar proyectos que cumplan con el medioambiente

El pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor del PPdeG y de Democracia Ourensana (DO) y el rechazo de la oposición, la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, una norma con la que, para BNG y PSdeG, la Xunta busca el "greenwashing" o "teñir de verde" su política, pero tras la cual se impulsa un afán privatizador.

Con esta ley, los populares defienden que su Gobierno intenta facilitar la implantación de todos aquellos proyectos que cumplan con los requisitos medioambientales. Tras su paso por la Cámara, el texto final incorporó nueve enmiendas: una de los populares, cinco del Bloque y tres de los socialistas, dos de estas últimas transaccionadas.

La portavoz del PSOE gallego en el debate, Patricia Iglesias, ha acusado al grupo mayoritario de "pasar la apisonadora", pues sus enmiendas "cayeron en saco roto" y de 34 aceptaron dos "que son meramente cosméticas, de estilo", criticó.

Cinco de 67 son las que se sumaron de los nacionalistas, según ha señalado el diputado José Manuel Golpe, quien, como Iglesias, ha hablado de "oportunidad perdida" con esta ley que ven un "cajón de sastre".

Ante las críticas, el parlamentario popular Alberto Pazos, ha reivindicado las importantes aportaciones por parte de la sociedad civil, que ha ilustrado con 67 alegaciones incorporadas al articulado.

Por su parte, ha acusado a la oposición de querer "eólica sin molinos, minería sin minas e industria sin factorías", y resaltó que no existe en la actualidad una fuente de energía que no suponga ningún tipo de impacto ambiental.

Recursos de Galicia

Antes de aprobar este martes la ley en el Parlamento, el Ejecutivo autonómico presentó a finales del pasado año la sociedad mixta 'Recursos de Galicia', un vehículo que surge impulsado por esta norma que todavía no había salido adelante de forma definitiva en la Cámara gallega.

Recientemente también dio a conocer la Xunta la comercializadora de energía con la que la sociedad público-privada pretende rebajar el coste de la luz para empresas y vecinos de zonas afectadas por, por ejemplo, parques eólicos.

Los cambios en la planificación eólica que el Ejecutivo autonómico pretende a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 ha sido otros de los temas protagonistas. De esta forma, Iglesias ha atribuido a la Xunta una "autoenmienda" de su política en este ámbito y ha ha recordado que son ya "60 los parques suspendidos" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Por parte de los nacionalistas, Golpe ha cargado contra las medidas que contiene la ley que sale aprobada, puesto que en opinión de su grupo "trazan un rumbo hacia la destrucción del país vestido de beneficios". Son, ha subrayado, "medidas pensadas para que haya más privatización de los recursos y más discrecionalidad" por parte de la Xunta.

En un contexto de "tercera revolución industrial", el diputado popular Alberto Pazos ha valorado que Galicia la afronta "por primera vez desde una posición de privilegio" al disponer de recursos para la generación de energía renovable. Asimismo, ha reiterado que los proyectos continuarán estando sometidos "a las máximas exigencias ambientales" y ha indicado que "ni una sola de las enmiendas" de la oposición estaba dirigida a reforzar las garantías ambientales.

Hacia la descarbonización

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, Maria Jesús Lorenzana, a través de un comunicado, calificó la ley como la mayor reforma en materia industrial y energética de los últimos años. Se trata de una norma que sitúa a la comunidad "al lado de las primeras economías" y que prevé que los beneficios de los recursos naturales repercutan en los gallegos.

Una ley, según incide Lorenzana, "que va a permitir avanzar en la descarbonización y autoabastecimiento de Galicia" y que va a generar un crecimiento industrial y energético importante en esta legislatura y en las siguientes.

Junto a la sociedad mixta, de mayoría accionarial privada pero en la que la Xunta tiene capacidad de veto, esta ley creará un canon ambiental para la eólica marina y también un fondo para que empresas aporten recursos destinados a recuperar terrenos después de incendios forestales.