Cataluña eliminará la cita previa obligatoria en los servicios públicos en un año

Cataluña dirá adiós a la cita previa obligatoria en un año. La Generalitat ha anunciado este lunes que tramitará una norma con rango de ley para poner fin a esta práctica para garantizar así el derecho a la atención presencial en los servicios públicos de la región sin necesidad de solicitar una cita previa.

Con esta nueva medida, el Govern pretende mejorar la atención directa, hacerla más eficiente, acercar la ciudadanía a las administraciones públicas catalanas y luchar contra la brecha digital. Según ha informado, esto se hará de forma compatible al sistema de cita previa, que también se mejorará para hacerlo más eficiente y útil para todos.

"Ha llegado el momento de hacer, de pasar del diagnóstico a la acción" ha destacado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, durante la rueda de prensa realizada para presentar una reforma completa de la administración y mejora de los servicios públicos.

El conseller ha explicado que la atención pública con cita obligatoria se ha quedado tras la pandemia, algo que en su opinión, ha hecho que la atención presencial "haya perdido calidad", por lo que con esta nueva reforma, pretenden que cualquier persona pueda dirigirse a la administración pública y tenga una respuesta inmediata.

Una transformación total

La Generalitat plantea una reforma completa de la administración pública con la intervención en 12 ámbitos prioritarios. Para ello, el Consell Executiu aprobará este martes el acuerdo para impulsar la estrategia de transformación y mejora de los servicios públicos, que también incluye un plan de choque con medidas de urgente aplicación.

Dicha estrategia, impulsada por el Departamento de la Presidencia, contempla un proceso gradual y profundo de transformación y mejora de los servicios públicos, impulsando la renovación de la gestión pública para dar respuesta a las actuales necesidades sociales y económicas del país.

Con esta transformación, el Govern se plantea "una auténtica transformación que sitúe a la ciudadanía en el centro de sus decisiones" y avance hacia una Administración capaz de resolver con mayor eficacia y eficiencia los retos planteados. De este modo, la nueva estrategia institucional de la Generalitat abordará cuestiones vinculadas a la simplificación de procesos y organizativa, la racionalización de trámites, la transformación digital y la redefinición del modelo de la función pública.

Para hacer efectivo este cambio, se creará la Comisión de expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA), con el objetivo de plantear propuestas, analizar su impacto y viabilidad y definir la planificación y calendarización para su implementación.

La CETRA estará presidida por Carles Ramió, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y se reunirá mensualmente a fin de presentar en un plazo máximo de diez meses un informe final de propuestas. Actuará sobre los 12 ámbitos prioritarios en torno a los cuales gira la estrategia de transformación del sector público: la simplificación normativa y de procesos, el diseño de los servicios públicos desde las necesidades y la mirada de la ciudadanía, la digitalización integral de la Administración, garantizar la atención presencial, la transparencia de los trámites y servicios o la consolidación del empleo público de calidad, entre otros.

Medidas de aplicación inmediata

Dentro de la transformación total del servicio público, el acuerdo del Govern contempla además un segundo ámbito de actuación que incluye la puesta en marcha de un plan de choque con medidas de aplicación urgente. Según la Generalitat, hay un total de 17 acciones que permitirán realizar mejoras a corto plazo en el sector público.

Estas actuaciones se implementarán en los próximos meses, en paralelo al trabajo de la comisión de expertos. Entre las más destacadas se encuentra la tramitación de una ley para eliminar la cita previa obligatoria en los servicios públicos, la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes para atraer talento del mundo universitario, medidas para simplificar y agilizar los procesos de selección y provisión o instrumentar actuaciones para garantizar un empleo público de calidad, estable y dimensionado.