En qué consiste el polémico acuerdo entre Meloni y Albania para frenar la inmigración: centros de deportación para 36.000 personas al año

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo se reúne en Roma con la primera ministra de Italia, Giogia Meloni, en el marco de su gira para tratar de conformar una "alianza europea" contra la inmigración irregular. El encuentro se produce en un contexto en el que el debate político se desarrolla en torno a la inmigración, y en el que la dirigente italiana acapara las miradas debido a su política migratoria.

Feijóo es el último de un listado de personalidades políticas que han alabado la gestión política de Meloni. En mayo, quince países de la UE pidieron por carta a la Comisión Europea tomar medida en línea con las adoptadas por Italia, e incluso el recién nombrado primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ensalzó este mismo mes sus avances en política migratoria.

Aunque no es la única, la medida estrella de Meloni —alabada muchos y criticada por otros— es el acuerdo migratorio al que llegó con el primer ministro de Albania, Edi Rama, hace casi un año. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Centros de deportación en Albania

En noviembre de 2023, la primera ministra italiana y su homólogo albanés acordaron trasladar a los migrantes que lleguen a Italia tras atravesar el Mediterráneo a Albania, para alojarlos en centros para inmigrantes. En concreto, el acuerdo contempló crear un centro de tramitación en el puerto de Shengjin, además de dos centros de acogida en Gjader para solicitantes de asilo, con 880 y 144 plazas, respectivamente. Allí pasarán el tiempo pertinente para realizar los trámites de solicitud de asilo y, en caso positivo, serán repatriados de vuelta a Italia en caso de obtener el estatus de refugiado. De esta forma, Albania gestionará la llegada de aproximadamente unos 36.000 migrantes al año.

Aunque la medida tuvo que pasar dos veces por el Tribunal Constitucional albano, por el Parlamento y el Senado, finalmente vio la luz verde en febrero de este año. Por su parte, Meloni anunció a principios de verano que los centros de migrantes comenzarían a operar el 1 de agosto —fecha que se pospuso—, con la esperanza de que este "modelo italiano" pueda replicarse en otros países y convertirse incluso en una "solución estructural" dentro de la UE en materia de política migratoria.

Críticas humanitarias

Si bien la medida italiana ha sido bien acogida entre muchos mandatarios conservadores y de extrema derecha, las críticas por parte de organizaciones humanitarias no han tardado en llegar.

Nada más anunciarse el acuerdo, la ONG Médicos Sin Fronteras señaló que las autoridades italianas buscan eludir las obligaciones que, en teoría, les corresponden de acuerdo al Derecho Internacional. "La denegación de acceso a suelo italiano, la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo, la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados y la detención de personas en un tercer país" suponen "un nuevo ataque al derecho de asilo", señaló la organización, quien además indicó que replicar medidas de contención y disuasión que aumentan el sufrimiento de los migrantes "han demostrado ser ineficaces a largo plazo".

En un comunicado, la organización Human Rights Watch alertó recientemente de que la medida es una "farsa" que allana el camino al "abuso" y supone un ejemplo de "mala gestión". "El acuerdo entre Italia y Albania es costoso, pone en peligro los derechos de las personas y probablemente hará poco por disuadir a la gente de tomar embarcaciones para cruzar el Mediterráneo. Es una mala idea que no hace sino empeorar", manifestó.

Si bien es cierto que el acuerdo contempla algunas restricciones para menores, familias monoparentales, personas discapacitadas, con enfermedades o trastornos graves, así como víctimas de trata de personas o que hayan sufrido violencia sexual, las organizaciones dudan de cómo vayan a acreditar su protección en un tercer país ajeno a la UE. "Sigue siendo un misterio cómo garantizará Italia un proceso justo de asilo cuando los detenidos se encontrarán en otro territorio", señaló HRW.

"Quienes desembarquen en Albania e ingresen en los centros de este país —personas refugiadas y solicitantes de asilo incluidas— quedarán detenidos automáticamente y no podrán abandonar los centros de detención en un periodo de hasta 18 meses. Según el derecho internacional, la detención automática es intrínsecamente arbitraria y, en consecuencia, ilegítima", denunció en un comunicado de prensa Amnistía Internacional.