El juez manda a la UCO a Transportes y se lleva la auditoría para decidir si imputa a Ábalos

La UCO acudió el pasado miércoles al Ministerio de de Transportes que dirige Óscar Puente para requisar el informe de auditoría que implica al exministro José Luis Ábalos en el 'caso Koldo' por orden del magistrado Ismael Moreno, así como un USB con documentación adicional, que recoge irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

Los agentes se personaron en el departamento ministerial, donde fueron recibidos por Encarna Sandonís, la directora del gabinete del actual ministro de Transportes, y llevaron a cabo el trámite con "total normalidad", según ha adelantado Vozpópuli. En concreto, requisaron el informe de auditoría, encargada por Óscar Puente, que señaló graves deficiencias en la adjudicación de contratos para comprar mascarillas en plena pandemia, bajo el mandato de Ábalos, y supuso la destitución de dos altos cargos de aquella etapa. Incluso, expone cómo el exministro en un principio iba a adquirir cuatro millones de mascarillas a la empresa central de la trama, Soluciones de Gestión, pero en cuestión de 38 minutos aumentó la cifra hasta alcanzar los ocho millones de unidades.

El magistrado del 'caso Koldo' ya dispone de este documento, además de otros cuatro informes empleados para la elaboración de la citada auditoría y de un USB con información relacionada a estos primeros contratos de emergencia durante las fases más críticas de la pandemia, que fueron ejecutados a través del asesor del ministro, Koldo García.

Cabe precisar, que además de estos contratos, la empresa central de la trama también vendió mascarillas al ministerio del Interior y a los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, presididos por Víctor Ángel Torres y Francina Armengol, respectivamente. Estos contratos volverán a ser investigados por la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo acordarse dejar la instrucción a ésta última y no a la Fiscalía Europea, al considerar que no se habían visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea.

Después de la publicación del informe, Iustitia Europa, personada como acusación particular en el caso, solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 2 la imputación del exministro. No obstante, será Ábalos quien deba declarar voluntariamente, pues su condición de aforado le permite ser imputado exclusivamente por el Tribunal Supremo. De igual forma, otra de las acusaciones, Liberum, solicitó la declaración del actual ministro de Transportes en calidad de testigo para que declarase "sobre la información y conocimiento que los investigadores le hubieran compartido", así como sobre los motivos por los cuáles cesó al subsecretario de su ministerio, Jesús Manuel Gómez, y también al que fuera director general de gestión de personas, Michaux Miranda; ambos imputados en el procedimiento.