La Guardia Civil registra la vivienda y empresa de Barrabés en la investigación sobre Begoña Gómez

La Guardia Civil ha llevado a cabo este viernes registros en la vivienda y en una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario que se encuentra bajo investigación en el marco del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Estas acciones han sido ordenadas por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien ha decidido abrir una pieza separada dentro de la causa para mantener las diligencias bajo secreto sumarial.

Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, los registros, dirigidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, forman parte de una investigación más amplia que examina presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se ha ordenado la recopilación de documentos relacionados con contratos adjudicados a la empresa Innova Next, propiedad de Barrabés.

La causa investiga posibles irregularidades en concesiones otorgadas por organismos como Red.es, una entidad dependiente del Ministerio de Industria, el Consejo Superior de Deportes, y el Ayuntamiento de Madrid. El juez Peinado mantiene el caso bajo estricta confidencialidad, lo que refuerza la gravedad y sensibilidad de las diligencias en curso.

La actuación judicial, ha continuado en la sede de Innova Next, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer las conexiones entre el empresario y las gestiones que habrían facilitado la obtención de dichos contratos.

El empresario, hospitalizado por una enfermedad, no estuvo presente en los registros, aunque sí lo representaron en las diligencias.

Barrabés, conocido por haber creado junto a Begoña Gómez el Máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, fue inicialmente citado como testigo por el juez Peinado. Sin embargo, en julio, su situación cambió y fue llamado nuevamente, esta vez como investigado, en la causa impulsada por Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Manos Limpias acusó a Gómez de utilizar su posición como esposa del presidente del Gobierno para influir en la adjudicación de contratos públicos, beneficiando a empresarios como Barrabés. Se alegó que Barrabés recibió licitaciones públicas por un total de diez millones de euros gracias a sus recomendaciones. Según la UCO, la empresa Innova Next SLU, vinculada al Grupo Barrabés, concentró la mayor parte de los contratos adjudicados, recibiendo 28 contratos por un importe total de 22.857.805,49 euros, lo que representa el 91,7% del total adjudicado.

¿Quién es el empresario?

Juan Carlos Barrabés es un empresario con un perfil destacado en el ámbito de la consultoría, especialmente en sectores relacionados con la innovación y la transformación digital.

Es uno de los fundadores de Barrabés Internet, una empresa que nació a mediados de los años 90 como un proyecto familiar vinculado al comercio electrónico, especializado en material de montaña y deportes de aventura. Barrabés Internet fue una de las primeras empresas españolas en establecer un negocio de comercio electrónico y se convirtió en un referente en el ámbito del e-commerce en España.

Además de su papel en Barrabés Internet, Barrabés ha estado involucrado en otros proyectos, como Innova Next, una empresa centrada en la consultoría y el desarrollo de estrategias para la transformación digital de empresas y organizaciones. Este proyecto busca ayudar a empresas a adaptarse a los cambios tecnológicos y a mejorar su competitividad mediante la innovación.

El 1 de agosto, Barrabés declaró ante el juez Peinado, confirmando una reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa para discutir temas de innovación. Según Barrabés, no estuvo presente Begoña Gómez en esos encuentros, aunque sí tuvo reuniones con ella tanto en Moncloa como en su oficina. Gómez le habría solicitado ayuda para modificar un módulo del máster en la Universidad Complutense de Madrid. El juez Peinado, quien también tomó declaración a Pedro Sánchez el 30 de julio, permitió que las partes accedan al vídeo de la declaración del presidente, desestimando la solicitud de la Fiscalía de mantener la confidencialidad para evitar filtraciones. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, amparado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a su relación con la investigada.