O Entroido galego distinguido como Bien de Interés Cultural al iniciarse la tramitación del proceso
- El Diario Oficial de Galicia publica la resolución con la que se incia el procedimiento de 24 meses para otorgarle este reconocimiento al carnaval en la comunidad gallega.
Ruth Lodeiro
Galicia,
El Entroido o Carnaval gallego cuenta desde este jueves con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), al publicarse en el DOG la resolución que inicia el procedimiento para que sea reconocido como tal. Esta celebración está ya protegida por su interés etnológico, la función social y la riqueza cultural y patrimonial que representa, así como su capacidad de generar riqueza en el ámbito local, fortalecer la convivencia y el entretenimiento.
Con la publicación en el DOG, se inicia un procedimiento que durará un máximo de 24 meses para completar este expediente, pero la protección como BIC ya está en vigor desde este mismo jueves.
La declaración se realiza en sentido amplio para toda la celebración, no circunscrita solo la una serie de festejos, teniendo en cuenta que 191 de los 313 ayuntamientos gallegos, lo que supone el 61 por ciento, escoge una fecha vinculada al Entroido como festivo local.
La resolución de la Dirección Xeral consta de 16 páginas y está acompañada de dos anexos. El primero explica la tradición del propio Carnaval gallego, su naturaleza y condición. De hecho, menciona denominaciones secundarias de la celebración en función de la zona: Antroido, Antroiro, Antroito, Antruido, Carnaval, Entroiro, Entrudio, Entrudo, Entruido e Introido. También recoge el marco temporal en el que se desarrolla, los días señalados, las máscaras tradicionales y los 'mecos'.
El segundo anexo da a conocer las medidas de protección que se le da al Entroido como BIC. Así, la Consellería de Cultura señala esta celebración como un "elemento central" en el patrimonio inmaterial de todos los gallegos, algo imprescindible para comprender y definir la identidad de Galicia.
Reseña histórica
Las medidas generales de salvaguarda comprometen a las administraciones públicas a garantizar su viabilidad, señaladamente su identificación, documentación, registro, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización.