¿Un sueldo de 8.500 euros para Ayuso como expresidenta? Polémica por el estatuto para exmandatarios que quiere recuperar el PP

De momento sólo se ha registrado una proposición de ley para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid pero ha sido suficiente para desatar la polémica. El paso dado por el PP de Madrid el pasado 13 de noviembre ha sido traducido desde la oposición como un plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para asegurarse una paga vitalicia de 8.500 euros mensuales cuando deje el cargo. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

El texto presentado por los populares y publicado en el Boletín Oficial de la Asamble de Madrid propone la modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid "para introducir un apartado 2 en el artículo 20 con el fin principal de habilitar al Consejo de Gobierno para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid" ya que, argumentan, "es una de las pocas Comunidades Autónomas que no tiene una regulación de la figura de sus expresidentes" que establezca un régimen aplicable "a aquellas personas que en su día ejercieron la representación del Estado en la Comunidad Autónoma y que tienen mucho que aportar una vez que han dejado de ser Presidentes".

No hay más desarrollo en el documento ni ha habido declaraciones por parte del PP madrileño pero desde la oposición denuncian que la intención de Ayuso es la de reactivar la paga vitalicia que percibieron algunos expresidentes regionales que formaron parte del Consejo Consultivo que existía por aquel entonces. "Ayuso quiere garantizar poder regular el estatuto de los expresidentes para ponerse un sueldo de 8.500", ha dicho en declaraciones públicas Manuela Bergerot, nueva portavoz de Más Madrid tras la marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Lo mismo han indicado en las últimas horas el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez, o la portavoz del partido, Rita Maestre.

El principal partido de la oposición ha puesto el foco sobre una figura extinta desde 2015 en la Comunidad de Madrid. En 2008 se creó un Consejo Consultivo al que podían adherirse los expresidentes de manera voluntaria y que reportaba grandes beneficios. A cambio de dictámenes no vinculantes sobre cuestiones relacionadas con la Administración autonómica percibían 8.500 euros de sueldo además de chófer y coche a disposición e incluso un despacho propio.

El órgano se extendió hasta 2015 y de él disfrutaron Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González. Esperanza Aguirre fue la primera exmandataria en renunciar a esos beneficios a cambio de su experiencia. Cristina Cifuentes tampoco, pero porque ella misma tumbó el Consejo en 2015 como uno de los puntos del pacto de investidura que firmó con Ciudadanos a cambio de los votos para volver a gobernar. Su intento por recuperarlo en 2019 se vería frustrado por los problemas que acumulaban entonces los 'populares' en Madrid (la gestión del Canal de Isabel II o la detención de Ignacio González). Su precipitada dimisión por el 'caso máster' la dejó sin opción y fue ella la primera expresidenta en no tener la posibilidad de apuntarse al Consejo consultivo.