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Cataluña sigue registrando más salidas que llegadas de sedes empresariales seis años después del 1-O

  • De enero a septiembre, han salido 679 sedes y han llegado 571, lo que da un saldo negativo de 108 compañías
  • Los empresarios desconfían de un plan de retorno ideado por los políticos que provocaron la huida en 2017
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Estela López

Las grandes empresas catalanas que trasladaron en 2017 su sede social a otras autonomías españolas por el procés no se plantean actualmente volver. La promesa de un plan para "facilitar y promover el retorno" de las miles de sedes empresariales que abandonaron Cataluña que se incluye en el pacto político entre PSOE y Junts ha sido recibida con apatía por parte de las principales compañías a las que debe ir dirigido dicho plan, que en su mayoría han pasado página a esta cuestión, según fuentes consultadas por elEconomista.es. Además, seis años después del 1-O, Cataluña sigue registrando más salidas que llegadas de sedes sociales corporativas, según los datos de los registros oficiales consultados por este diario.

De las que se fueron, la mayoría prefieren guardar de momento silencio, para no tomar partido en el debate político y porque todavía se desconoce en qué consistirá el referido plan de retorno, y se remiten a las afirmaciones pasadas realizadas por sus directivos sobre la cuestión, todavía vigentes.

En el caso de dos de las firmas que encabezaron los traslados en octubre de 2017, CaixaBank y Sabadell, el banco del grupo La Caixa -que trasladó también la fundación y la aseguradora- el mensaje muchas veces repetido era que el consejo de administración tomó la decisión de trasladar el domicilio social de CaixaBank sin poner ningún plazo ni condición, y que la sede social está en Valencia con vocación indefinida.

En el caso del Sabadell, la última vez que preguntó a sus directivos por un posible retorno, la respuesta fue que era un tema que no estaba sobre la mesa.

Tampoco lo está en el caso de otras cotizadas como Abertis, Cellnex ni GCO (Catalana occidente), ni de grandes corporaciones como Grupo Planeta, según afirmó hace unas semanas el presidente del gigante editorial, José Creuheras, preguntado con motivo de la entrega del Premio Planeta de novela a mediados de octubre.

El presidente de la inmobiliaria Colonial, Juan José Brugera, respondió el jueves, en rueda de prensa con motivo de los resultados trimestrales, que cuando se sepa el plan "lo estudiaremos y tomaremos decisiones en consecuencia".

De hecho, fuentes empresariales que prefieren no ser identificadas recalcan que todavía se desconoce si finalmente se acordará un plan y en qué sentido puede alentar el retorno, ya que, por ejemplo, no debe ser discriminatorio con las empresas catalanas que no trasladaron su domicilio social. Además, advierten sobre posibles efectos negativos de un retorno ligado a la coyuntura política, ya que el clima de crispación puede llevar a un nuevo boicot de consumo a "lo catalán", y la mayoría tienen más negocio fuera de Cataluña que en su comunidad autónoma de origen.

Asimismo, diversas voces coinciden en tres aspectos: es simplista plantear el retorno de las empresas vinculado únicamente a un plan, precisamente ideado por los mismos políticos que provocaron la fuga de sedes, y en un momento en que la ubicación de la sede social es cada vez más indiferente, dado que los negocios están multilocalizados y el día adía laboral digitalizado.

Inciden en que la mayor garantía para que cualquier empresa sitúe su sede en Cataluña es la estabilidad política, así como un marco normativo y tributario que favorezca los negocios, y de momento no son optimistas en ninguno de los dos ámbitos. "No creo que el plan para el regreso de las sedes sociales incluya una renuncia de los partidos independentistas a volver a impulsar la secesión", ejemplifica una de las fuentes consultadas.

En cualquier caso, la inseguridad jurídica es el argumento que llevó a trasladar su sede a firmas nacionales como Naturgy, Applus+, Hotusa, Cementos Molins y Codorníu, además de extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa y Zurich, entre otras. De las grandes firmas, solo Agbar ha regresado.

Más salidas que llegadas

Entre 2017 y 2022, más de 8.250 empresas han movido su sede social de Cataluña a otras regiones españolas, mientras que han llegado en sentido contrario casi 3.400, lo que arroja un saldo negativo de más de 4.800 compañías, según los datos de los registradores recogidos por este diario (ver gráfico).

De hecho, en lo que va de 2023 se mantiene la tendencia, pese a que ha ido perdiendo fuerza con los años. Así, en los primeros nueve meses del año, 679 empresas han trasladado su domicilio social de Cataluña a otras autonomías, mientras que han llegado 571, lo que supone un saldo negativo de 108 empresas.

Por contra, Madrid recibe tradicionalmente más compañías de las que se marchan. En el tercer trimestre, el último con datos disponibles, fue la segunda región con mayor saldo positivo, mientras Cataluña fue la que presentó peor dato negativo.

CEOE ve nueva "inseguridad jurídica"

El presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, aseguró este viernes que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts es contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas.

En declaraciones a los medios, Amor manifestó la preocupación del tejido empresarial que provoca el acuerdo, que será analizado en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la CEOE convocado el próximo lunes.

Amor aseveró que "la CEOE está con el Estado de Derecho, con la Constitución, con la separación de poderes, con la monarquía parlamentaria y con la igualdad entre todos los españoles".

"Y el acuerdo es contrario a todo eso. Es una claudicación del Estado de Derecho, se borran delitos, se rompe la igualdad entre los españoles y se acomete un duro castigo a la separación de poderes", agregó. No obstante, dejó claro que "la CEOE estará siempre con el gobierno que el parlamento decida, con lealtad institucional", informó Efe. 

Posteriormente, en un acto empresarial celebrado en Motril, el presidente de los autónomos dijo no entender que "lo que el Gobierno calificaba hace tres meses como malo, ahora sea bueno". "Para el que se juega su patrimonio todos los días, es el peor mensaje que se le puede dar", remachó.