El Gobierno valenciano abre el melón de las competencias de costas: creará una ley propia

Las relaciones entre la Generalitat Valenciana con el nuevo Gobierno central que volverá a presidir Pedro Sánchez se antojan que serán explosivas. A los acuerdos alcanzados entre los socialistas con los partidos independentistas catalanes y los frentes ya abiertos, como la infrafinanciación y el agua en que el Consell de PP y VOX se muestra especialmente reivindicativo, todo apunta que se sumará un nuevo frente con la costa valenciana como principal campo de batalla.

El Gobierno que preside Carlos Mazón anunció tras el Pleno del Consell que creará una comisión para iniciar los trabajos para elaborar el anteproyecto de una ley de costas autonómica que tiene la intención de llevar al parlamento regional el próximo año. Una norma con la que aspira a ejercer competencias como los usos del litoral y las concesiones administrativas, la hostelería de la costa, actividades deportivas o el plan de temporada de playas.

Las competencias en materia de Costas son uno de los grandes puntos de fricción desde hace años entre el Estado central y las autonomías. Muchas de estas actividades han generado polémicas en los últimos años en varios municipios entre la Demarcación de Costas del Estado, que es quien debe de autorizarlas actualmente, y las administraciones locales. Además, el anuncio se produce en plena polémica por la tramitación por parte de ese departamento de los deslindes en Denia, que afectan a cerca de 3.600 propiedades.

Modificar el Pativel

No sólo eso. La consellera de de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que fue la encargada de informar de estos planes, señaló que también se utilizará para revisar y modificar la norma aprobada por el anterior Gobierno del Botànic, conocida como Pativel. Esa ley impide nuevos desarrollos urbanísticos a menos de 500 metros del mar, y el objetivo ahora es rebajar esas limitaciones para que "la protección del litoral" pueda convivir con las actividades económicas de cada zona. "Nosotros no somos el Gobierno del Botànic, que lo único que hacía era prohibir por prohibir", aseguró.

Pradas justificó que la nueva ley permitirá desplegar todas las competencias autonómicas en esta materia a pesar de las competencias estatales para fijar el dominio público. Así, señaló que esta ley se justifica por la competencia en ordenación del territorio que incluye tanto el interior como el litoral, ante el posible choque con la Administración central.

Además mostró su preocupación "por los vecinos que tiene sus viviendas en la costa" afectados por los deslindes. Según Pradas, en la norma se identificarán como patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana los núcleos urbanos y poblados históricos presentes desde hace siglos en nuestra Comunitat y que deben tener una especial y singular protección como imagen tradicional, histórica y paisajística de la fachada litoral valenciana. "El Gobierno de España quiere derribarlos y nosotros ponerlos en valor", llegó a asegurar, aunque en el caso de las viviendas de Denia, como ya ocurrió hace años en otros casos como en El Saler en Valencia, las viviendas que pasan a dominio público se convierten en concesiones por 75 años para los actuales propietarios.