Bruselas advierte de "medidas adicionales" contra la ampliación de regadíos en Doñana

Bruselas tiene la vista puesta en la polémica en torno a la ampliación de las zonas de regadío de la zona norte del Parque de Doñana. La Comisión Europea ha asegurado este jueves que seguirá de cerca la situación y que podría emprender medidas adicionales contra España, un día después de que el Parlamento de Andalucía aprobase la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos del paquete natural --con los votos de PP y Vox--.

El portavoz de la Comisión Europea, Tim McPhie, responsable de Medio Ambiente, ha señalado que el Ejecutivo comunitario podría tomar medidas adicionales y ha recordado la obligación de cumplir con la sentencia de la Justicia Europea de 2021 que establece detener la extracción de aguas subterráneas en esta reserva natural.

"Si fuera necesario, la Comisión puede tomar medidas adicionales para garantizar que España cumple con la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE, ha aseverado McPhie, sin detallar que tipo de sanciones aplicaría o los plazos concretos. En un paso más, ha indicado que el Ejecutivo comunitario solo lleva a cabo actuaciones cuando una ley ha sido aprobada de manera definitiva.

El portavoz comunitario ha subrayado que la legislación europea medioambiental "requiere un uso sostenible de los recursos naturales, y eso incluye el agua en particular". Los datos científicos de los que dispone Bruselas, ha recordado, "advierten de los efectos dañinos de la sobre explotación del agua en los ecosistemas de Doñana" y las "actividades económicas deben ser compatibles con la conservación de los espacios Natura 2000".

Y es que en 2021 el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por incumplir la directiva marco del agua al considerar que las autoridades no habían impedido el deterioro de hábitats protegidos de la red Natura 2000 en Doñana. Unos meses más tarde, Bruselas envió a España una carta de emplazamiento para cumplir con las medidas de la sentencia. Una advertencia que elevó, el pasado marzo, a ultimátum como parte de los procedimientos de infracción de la Comisión Europea.