Bruselas lleva a España y otros siete países ante el TJUE por no aplicar la norma de protección de denunciantes de corrupción

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer correctamente el ordenamiento jurídico de la directiva de protección de personas que denuncian casos de corrupción.

Además de España, Bruselas llevará ante la Justicia europea a Alemania, República Checa, Italia, Luxemburgo, Polonia, Hungría y Estonia, al considerar que no han notificado las medidas nacionales de transposición de esta directiva, cuyas disposiciones debían cumplirse antes de diciembre de 2021.

Tras remitir varios avisos a estos ocho países, Bruselas considera que las respuestas no han sido satisfactorias, motivo por el cual ha optado por llevar el procedimiento de infracción al último de sus pasos y elevar la cuestión ante el TJUE.

La directiva exige a los Estados miembros que proporcionen a los denunciantes que trabajan en los sectores público y privado canales eficaces para denunciar infracciones de las normas de la UE de forma confidencial, estableciendo un sólido sistema de protección contra las represalias. Esto se aplica tanto dentro de una organización como a una autoridad pública competente.

En enero de 2022, el Ejecutivo comunitario envió el primer aviso a 24 países de la UE por no haber transpuesto plenamente e informado a la Comisión antes de la fecha límite. Posteriormente, Bruselas envió un ultimátum a 15 Estados miembro en julio de 2022 y a otros cuatro en septiembre del mismo año, argumentado no haber comunicado las medidas de transposición íntegra de la directiva.

España ya trabaja en la norma

Las Cortes españolas, no obstante, ya trabajan en el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, que fue aprobada por el Congreso en diciembre y por el Senado el día 9 de este mes.

Esta nueva normativa, que se espera que entre en vigor en 2023, obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un sistema interno por el que tanto directivos como empleados puedan denunciar de forma anónima posibles infracciones o casos de corrupción dentro de la organización.

La nueva Ley, además, va más allá de las compañías, y también obliga a la Administración Pública a instalar este buzón de denuncias e incluso, con independencia del número de empleados que tengan, tendrán que contar también con este sistema partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de ellos siempre que reciban fondos públicos para su financiación.