IU Aragón presenta 108 enmiendas al proyecto de ley del uso estratégico de la contratación pública

El objetivo es que se cumpla una función social y sostenible, apoye a las administraciones pequeñas con asesoramiento y se prime la calidad de servicio, de manera que el precio no sea el único criterio ponderable, entre otros fines.

El coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha explicado que con estas 108 enmiendas se pretende exigir más ambición ante la propuesta de ley del uso estratégico de la contratación pública.

De este modo, también se pretende que con este marco legal se reduzcan las externalizaciones y se cumpla la ley de morosidad que favorece a las grandes empresas frente a las pymes y personas autónomas.

Las enmiendas van dirigidas principalmente al desarrollo de catálogos de cláusulas y directrices de contratación para sacar el mayor partido posible al uso estratégico con una clara función social y sostenible de la contratación pública.

De este modo, entre las que se llevarán a debate figuran la incorporación de estudios de internalización total o parcial de los servicios que, por inercia de años pasados, se contratan con empresas externas por defecto y con carácter preferente, y que, para la formación política, hoy deben evaluarse y ver si la prestación resulta más conveniente de manera directa.

Desde IU se demanda a su vez resolver en parte el problema de liquidez de las pequeñas y medianas empresas y de personas autónomas que se encuentran constreñidas por el incumplimiento de la ley de morosidad por parte de las grandes empresas, generalmente las adjudicatarias de los contratos más relevantes de la administración. En este sentido, recuerdan que el período medio de pago está en 191 días, cuando la ley establece 30. El cumplimiento de los plazos de pago establecidos debe ser una obligación esencial en los contratos e introducir como incumplidoras a las empresas morosas llegando incluso a prohibirles licitaciones futuras.

Con las enmiendas se pedirá a su vez reforzar los mecanismos de resolución de los contratos para evitar los abusos e incumplimientos por parte de las contratistas, y perseguir algunos fraudes como las UTE instrumentales que sirvan para presentar una solvencia técnica ficticia.

También reclaman buenas prácticas como reunir al órgano gestor junto al comité de empresa y la empresa para definir las dificultades y carencias de los pliegos de contratación. Una práctica de la que explican que va más allá del estudio de mercado y que permite la mejora continua de dichos servicios y su racionalización. Finalmente, desde IU apuntan que se echa en falta la presencia de los comités de empresa en el observatorio de la contratación pública como garantes de la calidad de los servicios.