De un club donde clonaban tarjetas a un gran moroso fiscal y al chófer de los ERE

El juicio contra el 'chófer de la coca', Juan Francisco Trujillo, previsto para el lunes día 5 en la Audiencia de Sevilla,quedó suspendido por la renuncia inesperada del letrado de una de las compañías implicadas. Es una de las piezas del caso ERE. El juicio llegaba con la sentencia del TS de la pieza política de los ERE a punto de salir (sólo se adelantó el fallo, habrá que ver los fundamentos jurídicos, nuevas condenas en piezas separadas, y la polémica de los indultos en la agenda pública tras la negativa de Espadas a apoyar el de Griñán). En año electoral, con municipales, autonómicas y generales a la vista, no es un tema menor. El caso del chófer es un cañonazo a la teoría de que no se robó ni un céntimo con los ERE. La historia de Trujillo es rocambolesca. Empezando por cómo llegó la Policía de Jaén -la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV- hasta él.

En realidad a quien venían buscando las vueltas los policías era a José María P.C., vecino de Ibros, Jaén, con 'ficha' abierta en la Comisaría al menos desde que se investigó en 2007 un club de alterne donde clonaban tarjetas de crédito. Más tarde, en 2009 José María fue arrestado en la Operación Aquiles. Fue uno de los ocho detenidos por intentar cobrar en Jaén tres cheques bancarios «fraudulentos» -según la Policía- por un importe total de 15.850.000 dólares americanos.

Dos años después, el nombre de José María salió a relucir de nuevo en una operación policial contra delitos de fraude. En septiembre de 2011 la Policía Nacional arrestó a tres personas en Jaén por crear una empresa ficticia para defraudar a Hacienda más de 800.000 euros. Fue la 'Operación Inversa'. En esa época, por otra parte, se casó supuestamente con una nigeriana, por lo que la Justicia lo investigó por un matrimonio de conveniencia. Cuando Hacienda comenzó a publicar sus listados de grandes morosos, José María llegó a aparecer con deudas de 4,7 millones en 2016. A título particular era uno de los mayores morosos de España.

La pista del chófer

Pero la pista que conduce al ex chófer parte de la Operación Inversa de 2011. La documentación incautada a José María llevaba hasta un despacho de la localidad jienense de Marmolejo, donde supuestamente se hacían facturas falsas a medida. Fue la Operación Narciso. De ese despacho salieron muchos papeles. Entre otros, a los agentes de la UDEV de Jaén les escamaron los que se referían a dos empresas con abultados ingresos desde el erario público pero sin actividad aparente, Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena.

Apenas comenzaron a cruzar datos, vieron que aquello era más que extraño. La Agencia Tributaria perseguía al titular de esas empresas, un tal Juan Francisco Trujillo Blanco, al menos desde 2008. Le reclamaban impuestos impagados de dos subvenciones que le habían concedido en 2004 por importe de 450.000 euros cada una. Y las empresas de Trujillo parecían no tener mucha actividad, salvo unas cuantas facturas sospechosas.

Todo eso lo sabía ya los policías de la UDEV de Jaén que el 15 de diciembre de 2011 -Alaya había abierto la causa de los ERE meses antes- se plantaron delante de una casa de color albero de la calle Madreselva de Llanos del Sotillo (Andújar, Jaén). Llevaban una orden de registro del juzgado de Andújar que investigaba la Operación Narciso, como un hilo suelto de aquella investigación. En la casa, además del ex chófer de la Junta, estaban su mujer y su hija, de 20 años entonces. Los agentes comenzaron a mirar papeles, armarios, altillos. Salió una pistola. Trujillo estaba nervioso, inquieto.

El chófer se desmoronó cuando la Policía cogió su ordenador y se ofreció a declarar voluntariamente

Cuando los agentes comenzaron a tocar su ordenador personal se desmoronó. Era evidente que no quería que tocasen aquel portátil. Y dijo que quería declarar voluntariamente. Entonces soltó la bomba.

Cocaína y fiestas

Trujillo contó con detalle que había sido chófer del ex director general Guerrero, que éste le había dado subvenciones (dos de 450.000 a su nombre y otra del mismo importe a nombre de personas interpuestas), que había prejubilado a su madre aunque ya estuviera jubilada y que él había cobrado el dinero, que se habían gastado una fortuna en cocaína, fiestas y artículos de lujo. "La mayor parte del dinero", les dijo textualmente. Y era mucho dinero. Millón y medio de euros.

La jueza Alaya había abierto la causa de los ERE meses antes. La Policía de Jaén remitió las diligencias al juzgado de Andújar, y éste las envió al Instrucción 6 de Sevilla. A la jueza Alaya. El 9 de enero ABC dio la primicia: Subvenciones de la Junta se destinaron a comprar cocaína.

Su trayectoria

Juan Francisco Trujillo había vivido siempre en Llanos del Sotillo, pedanía de Andújar de 300 habitantes. Estudió en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Desde su juventud, en Andújar lo vinculan al PSOE, «pero desde que se fue a Sevilla no participa en la vida orgánica de la agrupación de Andújar», indicaron en la localidad cuando estalló el escándalo. Su primer empleo fue de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Andújar. El que fuera alcalde Ángel Menéndez lo fichó luego de chófer. Menéndez fue designado ya en los 90 delegado de Economía de la Junta en Jaén. Y se llevó a Trujillo de conductor. Después pasó a trabajar en Sevilla. A partir de 2001 a las órdenes de Francisco Javier Guerrero.

Como empresario, su mejor momento llegó en febrero de 2004. Recibió tres subvenciones. Casi millón y medio. En realidad dos fueron para empresas a su nombre. Una de 450.000 euros para unas casas rurales en la sierra de Andújar, fue su mejor negocio. Llegó a comprar el terreno.

Según consta en la documentación recopilada por la Policía en una exhaustiva investigación, compró la parcela por 60.000 euros. De las casas nunca se supo. Pero él vendió luego el terreno por 210.000 euros. Con ese dinero dijo que compró un piso el Sevilla que al final se quedó el banco al no completar los pagos.

Con una de las ayudas adquirió por 60.000 un terreno y lo revendió por 210.000

Otros 450.000 euros le fueron concedidos para una empresa de muebles que nunca tuvo actividad.

Además, Isidoro Ruz, antiguo alcalde pedáneo, fue beneficiado con otra subvención de 450.000 para montar una granja de pollos. Posteriormente Trujillo apareció como socio y luego se quedó con la sociedad. Nunca hubo pollos, y sí negocios hosteleros. Dos restaurantes y un hotel (cerrado ahora). Guerrero firmó las tres subvenciones y el IFA libró el dinero.

El colofón llegó el 17 de abril, cuando Guerrero firmó la prejubilación de la madre del chófer con una póliza de 125.000 euros. La prejubiló en Hitemasa, una empresa donde también aparecen Juan Lanzas, su esposa, el fallecido César Braña (ex directivo de Molina) y otros nombres jienenses que trascendieron cuando estalló el escándalo de los ERE. La mujer no vio el dinero. Trujillo admitió a los agentes que él, su hijo, lo cobró.

Las facturas y Juan Lanzas

Entre las facturas de sus empresas que habían llamado la atención a los agentes en la Operación Narciso estaban una emitida a Dhul (de los Ruiz Mateos) y otra a Estudios Jurídicos Villasís, ambas empresas muy vinculadas a Juan Lanzas, considerado el 'conseguidor' de los ERE y pieza clave del caso. Se cree además que cuando Lanzas se desplazaba a Sevilla se quedaba alojado en el piso que Trujillo había comprado con el dinero que ganó con el pelotazo de las casas rurales.

La Policía de Jaén aseguró en un informe fechado el 24 de noviembre de 2011 -20 días antes del registro a la casa del ex chófer- que «por parte de la Junta de Andalucía no se ha realizado ninguna actividad ni de tipo penal ni de tipo administrativo para la recuperación del dinero». En julio de 2009 lo que sí hizo la Junta fue despedir al ex chófer Trujillo. El motivo fue una baja no justificada. Nueve meses antes había cesado Guerrero.

Sobre Trujillo ya pesan dos condenas por fraude fiscal por eludir los impuestos de las dos subvenciones de 450.000 euros que le concedió su ex jefe. Alguna vez amagó con tirar de la manta para implicar a altos cargos de la Junta, pero la Justicia no dio mucha credibilidad a sus testimonios.

Negociaciones de conformidad

Junto al chófer se sientan en el banquillo de los acusados el que fuera alcalde socialista de la pedanía de Llanos del Sotillo en Andújar y administrador de una de las empresas del ex chófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). En la causa figuraba como acusado también Francisco Javier Guerrero, ex director general fallecido recientemente.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el ex chófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

Las posibilidades de recuperar el dinero son a día de hoy prácticamente nulas

Tras la sentencia de la pieza política de los ERE y la primera pieza separada (Acyco), fuentes cercanas al caso consultadas no descartan que haya una conformidad y se evite así la celebración de juicio.

Judicialmente no constan actuaciones ni diligencias referidas a uno de los aspectos del caso que siguen en sombra: qué había en el ordenador de Trujillo. Debía ser algo importante, cuando fue el detonante que lo empujó a declarar. El portátil, que debe estar en algún rincón del archivo judicial.