La jueza procesa a Zaplana tras 4 años de investigación por una red de comisiones ilegales

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado al exministro de Trabajo con el PP y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el conocido como 'caso Erial'. Tras cuatro años de investigación, la instructora considera que hay indicios suficientes de la existencia de una red de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, organización criminal y falsedad documental. Zaplana fue detenido en 2018 y llegó a estar en prisión preventiva por este caso.

Así se desprende del auto de procesamiento, notificado hoy a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, por parte del juzgado de Valencia que investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana durante la etapa del PP en el Gobierno autonómico.

Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del 'expresident' Joaquín Barceló; el también expresidente de la Generalitat Valenciana y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, además de a Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según estimaciones de las fuentes judiciales consultadas por Efe.

Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial efectuada por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos se hicieron, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Además de la cuestión central -las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias-, la causa tiene otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias, ante la sospecha de que pudiesen haber servido para repatriar aquellos fondos opacos.

Los imputados

En el caso Erial también figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos B y hermano de la citada ex diputada autonómica, y la secretaria de Zaplana Mitsuko Henríquez.