Alfonso Rueda reivindica la relevancia económica y social de la actividad industrial del litoral gallego
- El presidente gallego apuesta por seguir promocionando la marca Galicia de los productos del mar al ser sinónimo de calidad.
Ruth Lodeiro
Galicia,
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "relevancia económica y social" del conjunto de la actividad empresarial e industrial asentada en el litoral gallego. En este sentido, recordó que "Galicia es la comunidad con más kilómetros de la costa de España y toda esa costa es riqueza, ya que allí viven personas, hay empresas que mueven la economía y dan puestos de trabajo y que no están ahí por capricho", ha defendido.
El lider del gobierno gallego se ha expresado así durante una visita a las instalaciones de la sociedad cooperativa Amegrove, en la que ha estado acompañado por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y donde ha elogiado la trayectoria de una empresa que se ha consolidado como líder internacional en el sector del mejillón.
"Tenemos un producto magnífico y tenemos que seguir trabajando para seguir manteniendo este sector tan estratégico para la comunidad, no solo aquí a pie de mar, sino todo lo que se mueve para que llegue a los consumidores", ha indicado.
Así, ha apostado por "seguir promocionando" la marca Galicia de los productos del mar, ya que es "sinónimo de calidad" y de saber que hay que pagar por un producto excepcional.
Preguntado por otro asunto, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, ha avalado la propuesta formulada por su partido encaminada a disolver entidades que promuevan referendos ilegales y, si bien ha afirmado no conocerla en profundidad, ha dado por hecho que está "bien pensada, bien fundada y bien argumentada", dijo.
Enmienda
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, presentó una enmienda a la proposición de ley de amnistía del PSOE en la que propone la "pena de disolución" para las personas jurídicas que convoquen referendos ilegales y penas de entre 5 y 10 años de prisión y de 6 a 2 años de inhabilitación para los cargos o funcionarios públicos responsables de las consultas.