El plan de Portugal para revocar pisos turísticos: limitar el poder de las comunidades de vecinos
EFE
Madrid,
El Gobierno de centroderecha de Portugal del primer ministro, Luís Montenegro, busca limitar el poder de las comunidades de vecinos a la hora de revocar las licencias de pisos turísticos en sus bloques si consideran que están alterando la convivencia.
La medida fue confirmada este viernes a EFE por una fuente del Ministerio de Infraestructuras y Vivienda, después de que fuera destapada por el medio Público, que ha investigado la propuesta aprobada el 8 de agosto por el Consejo de Ministros, que apenas dio detalles.
Hasta ahora, cuando la comunidad se oponía por mayoría de dos tercios a un piso turístico podía solicitar al alcalde del municipio cancelar la licencia, lo que tenía efecto 60 días después del envío de la petición.
Con el cambio que busca el Gobierno se necesitará que "más de la mitad" de los vecinos voten a favor de revocar la licencia, en base a "la práctica reiterada y comprobada de actos que perturben el uso normal del edificio", para luego pedir al alcalde que tome una decisión al respecto.
El edil puede escoger entre la cancelación inmediata del registro del piso turístico o invitar a las partes a llegar a un acuerdo.
Un "proveedor de alojamiento turístico"
En ese sentido, el Ejecutivo sugiere la creación de un "proveedor de alojamiento turístico" que apoye al municipio en la gestión de las diferencias entre los residentes, los titulares de la explotación del piso turístico y las comunidades.
De este proceso de mediación debe salir un informe con propuestas y medidas para adoptar con soluciones para implementar.
Una fuente del Ministerio de Infraestructuras y Vivienda detalló a EFE que "hasta ahora si los otros vecinos no querían (un piso turístico en su edificio) decían 'no' y punto. Y ahora tiene que haber una exposición de razones por las que no quieren, que serán evaluadas por el municipio que entregó la licencia".
La primera versión de la propuesta del Gobierno de centroderecha ha sido enviada a la Asociación Nacional de Municipios Portugueses y a los organismos competentes de las regiones autónomas de Azores y Madeira para ser sometida a consultas.
Luego, según la fuente, seguirá los trámites habituales y no tendrá que pasar por el Parlamento del país por tratarse de un decreto ley, ya que estos son aprobados por el Ejecutivo y luego enviados al presidente del país, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, para su firma.