La  futura Ley de Vivienda andaluza prevé 20.000 VPO en cinco años y un plan de choque

20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cinco años. "Como mínimo el doble de lo que se ha certificado en el quinquenio 2019/23", en palabras de la consejera de Vivienda, Rocío Díaz. La cifra que se pretende doblar es de 10.258, que ya triplicó las 3.216 del lustro anterior. Es el objetivo de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo anteproyecto ha sido presentado hoy al Consejo de Gobierno. La previsión es que en marzo de 2025 el ejecutivo proponga ya un texto definitivo para iniciar el trámite parlamentario, que puede estar finalizado en febrero de 2026. La ley incorporará un plan de choque para poner a disposición suelos y nuevas viviendas "de manera inmediata".

Estas medidas de choque, incluidas en una disposición adicional, permitirán construir VPO en suelos dotacionales sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística y se destinarán a vivienda protegida en alquiler permanente. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.

El anteproyecto de ley contempla la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Falta oferta

La ley pretende resolver problemas como el encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler, la falta de oferta de vivienda en alquiler, las dificultades de los jóvenes y otros colectivos para su emancipación, el envejecimiento del parque residencial o las carencias de espacios públicos y zonas verdes.

El sector de la construcción, unido al de las actividades inmobiliarias, aporta a Andalucía el 16,8% de su PIB, generando alrededor de 30.000 millones de euros y 248.000 puestos de trabajo. El parque de viviendas andaluz se estima en 4,6 millones, con 25.000 hogares que se forman cada año. La demanda de viviendas anual en Andalucía se estima en unas 90.000, cifras que están lejos de la oferta actual. En la década 2000-2010 se producían 100.000 viviendas/año, mientras que en la década siguiente apenas si eran 10.000 viviendas/año.

Medidas

Para la producción de suelo para viviendas a precio asequible, se contemplan medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

El incremento de la oferta de vivienda se estimulará con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones.

Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. También se impulsará la colaboración público-privada.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía, ha explicado la consejera, perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales para personas que por motivos diversos se desplazan.

Asimismo, el anteproyecto se detiene en la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados.

También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.

Carga política

Andalucía es la primera comunidad que impulsa una ley propia tras la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, "no ha resuelto los problemas", sino todo lo contrario a juicio de la Junta de Andalucía.

Antes de elaborar llegar al momento actual el ejecutivo andaluz llevó al Tribunal Constitucional la ley estatal de vivienda al considerar que invadía sus competencias. El TC declaró nulo el artículo 16 del texto estatal, que se refiere a la vivienda protegida, y también parte del 19,3 sobre los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado, además de algunos preceptos del artículo 27 sobre parques públicos de vivienda, así como la disposición adicional primera, aunque si avaló gran parte de la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, ha insistido la consejera, se abrió un proceso de diálogo con el sector para lograr "el equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias", que ha llevado al anteproyecto al que hoy ha recibido el OK del Consejo de Gobierno.