Marina d'Or Golf vuelve al juzgado: la empresa reclama 603 millones al Gobierno Valenciano
- El TSJCV admite a trámite el contencioso administrativo de la empresa
- La firma culpa a la Generalitat de los errores que motivaron su fracaso
- El proyecto consistía en urbanizar 18 millones de metros cuadrados
Dani Valero
Valencia,
La sección primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso presentado por dos sociedades de Jesús Ger contra la negativa por parte de la Generalitat Valenciana de indemnizarlas con la friolera de 603 millones de euros. Las dos mercantiles, Promociones PAI Golf SLU y Comercializadora Mediterránea de Viviendas SA, culpan a la administración valenciana de que Marina d'Or Golf, el megacomplejo proyectado en una extensión de 18 millones de metros cuadrados entre los términos municipales de Cabanes y la propia Oropesa -al interior de la conocida 'ciudad de vacaciones' ya existente-, fuera finalmente anulado en los tribunales.
El rechazo al considerado como el mayor proyecto urbanístico de toda Europa llegó por parte de la justicia. En última instancia fue el Tribunal Supremo quien lo tumbó hace más de tres años, en febrero de 2016. La razón fue que el desarrollo no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental estatal, la única válida tras un cambio legislativo que tuvo lugar en 2006, a juicio del tribunal. En lugar de adecuarse a esta norma, el impacto ambiental de la iniciativa había sido analizado en función de la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio.
Y fue por esta cuestión por la que las firmas de Jesús Ger reclamaron la abultada indemnización a la administración autonómica que preside el socialista Ximo Puig, al entender que no fue un error suyo sino de la Generalitat -controlada por el Partido Popular en el momento de la tramitación del PAI- que fue, según argumentan, la que les instó a cumplir una normativa incorrecta.
La negativa a indemnizar
En concreto, según la información precisada hace unos meses por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, el montante total de la reclamación ascendía a cerca de 603 millones, de los cuales 587,6 los exigía la sociedad Promociones PAI Golf y los 15,3 millones restantes, Comercializadora Mediterránea de Viviendas (Comervi) -en nombre de la extinguida Marina d'Or Loger SA-.
En ambos casos, según la Generalitat, la reclamación se producía en base a la sentencia del TSJCV del 29 de noviembre de 2013, que fue la que anuló inicialmente "la Homologación Sectorial y Plan Parcial Marina d'Or Golf de Cabanes". Tal reclamación, según confirman fuentes del Ejecutivo Valenciano, fue denegada en base a un informe de la Abogacía de la Generalitat.
Preguntadas sobre el montante de la reclamación, fuentes oficiales de la compañía de Jesús Ger rehúsan a detallar a qué aspectos concretos corresponde. No obstante, dado el volumen, cabe interpretar que Marina d'Or exigió 'lucro cesante', es decir: la hipotética ganancia que habría logrado de haber llegado a buen puerto su iniciativa. Un dato objetivo al respecto es el de la inversión comunicada por las firmas de Jesús Ger sobre el valor de las parcelas en el lugar. Según las cuentas de Promociones PAI Golf en el momento en que se conoció la sentencia, el empresario aglutinaba terrenos en dicho ámbito por valor de 175 millones de euros.
Una reclamación de récord
Ahora es momento de que dirima la justicia si, como argumentan las empresas de Ger, la culpa del rechazo a Marina d'Or Golf la tuvo realmente el Consell del PP y sí, en tal caso, procede indemnizarlas y con una cantidad tan importante como la reclamada, que sería un golpe durísimo para la administración pública valenciana. Este recurso es tal vez el más abultado en términos económicos que pesa sobre la Generalitat, que tiene también un Contencioso Administrativo presentado por Intu en el que la firma reclama 300 millones de euros por su rechazo al macro centro comercial y de ocio proyectado por la multinacional en Paterna.
En un encuentro reciente con los medios de comunicación, la exconsellera de Vivienda, María José Salvador, cifraba en un total de 1.400 millones la "hipoteca urbanística" heredada por el actual Consell de legislaturas anteriores, es decir: la suma total de reclamaciones por parte de promotores por la gestión de proyectos urbanísticos, incluido el de Marina d'Or Golf. Sobre este en cuestión, la Generalitat explicó que lo que motivó su rechazo fue su "inviabilidad económica", sus dimensiones "por encima de cualquier expectativa razonable" y el abastecimiento hídrico de la gran superficie a urbanizar, que preveía multitud de residenciales, hoteles y hasta tres campos de golf.