El juez del Caso Imelsa cita como imputados a Alfonso Grau y la gerente nacional del PP Carmen Navarro

El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado del Caso Imelsa (Taula) ha citado como investigados -imputados- por presuntos delitos de malversación, cohecho -tanto pasivo como activo- y delito electoral, vinculados a la financiación irregular de las camapañas de 2007 y 2011 al exvicealcalde de Valencia y responsable de la campaña municipal, Alfonso Grau, al exconcejal Juan Eduardo Santón, al exgerente provincial José Moscardó y a la actual gerente del PP nacional (tesorera), Carmen Navarro. Con la implicación de Navarro el caso salpica, directamente, a Génova.

Los responsables de las empresas que actuaron como donantes serán citados únicamente como testigos, y no como investigados, porque, tal y como recoge el auto, el delito de financiación ilegal de partidos políticos se reguló posteriormente a los hechos, en concreto, en la Reforma del Código Penal de 2010, que fijó, además, la posible responsabilidad penal de personas jurídicas, que no existía previamente. En cuanto al delito de cohecho, la responsabilidad penal habría prescrito.

Lo mismo ocurriría respecto a los presuntos delitos de falsedad contable de los administradores de la campaña electoral. En este sentido, apunta que "el informe da cuenta de que la persona que figura como administrador único designado por el PP de las candidaturas municipales de 2007 es Luis Bárcenas". El magistrado indica que, en caso de citarle, sería también como testigo.

En el caso de Grau, explica que no da la prescripción de los delitos porque su imputación se encuadra "en lo que nuestra jurisprudencia denomina unidad delictiva cohesionada materialmente, es decir, una serie de hechos vinculados o urdidos con una finalidad o proyecto delictivo único". De hecho, subraya que los hechos recogidos en el informe de la UCO apuntan a Grau, ya investigado en la causa, "como principal implicado".

"Entramado empresarial"

El magistrado considera que que, del informe elaborado por la UCO "se desprende indiciariamente" que "en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau Alonso -por entonces, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia- y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último y, en especial la empresa LPC -Laterne Product Council-, para alcanzar el objetivo de sufragar, de forma irregular, la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales de 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

El juez señala que, mientras "el gasto declarado en la contabilidad por el PP en aquellas elecciones -2007- en toda la provincia de Valencia ascendía a la suma de 133.762,76 euros", en uno de los documentos analizados se incluye una relación de eventos de la campaña con sus importes, que recoge un coste total de 2,58 millones de euros. En cuanto a las aportaciones por parte de personas jurídicas, se cifran en 2,68 millones de euros.

Parte de ellas se habrían canalizado a través de LPC y otras empresas de su grupo, y el resto, a través de entidades con participación pública, como Feria Valencia, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Fivec o el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD).

Las empresas donantes tenían relación contractual con el Ayuntamiento de Valencia y parte de las aportaciones se justificaban con facturas falsas aportada por LPC.

Entre 620.000 y 1,12 millones de euros más, se habrían disfrazado con la constitución de una empresa, Product Management Council (PMC), que nunca tuvo actividad, con fondos aportados por otras compañías -entre ellas, menciona a Lubasa, Pavasal, Secopsa, Edival, Ágora, Inditec y la Sociedad de Agricultores de la Vega-. "Cabe pensar razonablemente que su destino -del dinero- fuera la financiación de la campaña de 2007", afirma el juez.

El auto recoge también el presunto blanqueo de 350.000 euros en billetes de 500 euros, con participación de Secopsa, "habiendo sido comprobada y confirmada dicha operativa por el grupo investigador".

Investigación de 2011

El juez ha encargado a la UCO un informe similar al realizado respecto a la relación y actividad es de Laterne respecto a la empresa Trasgos y su presunta implicación en la financiación irregular de la campaña electoral de 2011.