El juez de 'Imelsa' abre una pieza separada para investigar el blanqueo y prorroga un mes el secreto sumario

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el "Caso Imelsa", ha abierto una pieza separada por el presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en Valencia, con 49 investigados, y ha acordado prorrogar un mes el secreto del sumario de la causa abierta por un supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a cambio de comisiones ilegales -hasta mediados de marzo-. Además, el magistrado ha ordenado la intervención de inmuebles y vehículos, el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para su decomiso en caso de sentencia condenatoria firme.

Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.

Hoy han prestado declaración tres de ellos, asesores del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital. Uno se ha acogido a su derecho a no declarar. Todos mantienen la condición de imputados por blanqueo de capitales, delito por el que, esta semana seguirán compareciendo ante el instructor más investigados.

La investigación de Instrucción 18 se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.

En el curso de las diligencias fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales

El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.