Lafarge para sus inversiones y planes de ampliación de su cantera en Sagunto por la oposición del Ayuntamiento

Lafarge ha anunciado hoy su decisión de paralizar temporalmente los trámites necesarios para ampliar su actividad de extracción de caliza dentro de la concesión minera que mantiene en el término municipal de Sagunto. La empresa ha tomado esta decisión ante la incertidumbre generada por los impedimentos del nuevo ejecutivo local -liderado por Compromís- y la falta de alternativas viables a la zona de ampliación, conocida por el nombre de Margas. "Aunque hemos ofrecido reiteradamente dialogar sobre alternativas que puedan satisfacer los intereses del nuevo equipo de gobierno, lo cierto es que lo único que sentimos avanzar es la amenaza hacia nuestra actividad. En este contexto, creemos poco prudente seguir invirtiendo en la fábrica de Sagunto a largo plazo", apunta Miguel Ángel Urbano, director de la fábrica de Lafarge en Sagunto. El cierre conllevaría la destrucción de 245 contratos directos y unos 500 empleos indirectos, según las estimaciones de Urbano. (Puede leer un completo reportaje sobre la situación de la compañía en elEconomista Comunitat Valenciana).

Urbano detalla que "el equipo de gobierno local ha presentado alegaciones a nuestros trámites administrativos ante la Generalitat sin base legal ni técnica y contrarias a los acuerdos aprobados por el pleno. Entendemos que estas alegaciones no dejan lugar a dudas sobre su oposición frontal a la continuidad de nuestra actividad".

Lafarge y el pleno del Ayuntamiento suscribieron un convenio en 2013 -bajo mandato del Partido Popular-, tras seis años de trabajo de una mesa técnica, que buscaba conciliar el interés del consistorio de crear un paraje natural en los terrenos de la concesión de la empresa y la viabilidad de ésta. Por este acuerdo, la compañía aceptaba limitar el uso de su concesión y trasladarse a la única zona alternativa viable por la calidad de su caliza, situada en El Piñal. Mientras esto se hacía posible, el consistorio debía apoyar a Lafarge en los dos trámites más inmediatos para la continuidad de su actividad: la renovación del permiso de ocupación de monte público sobre la zona de actividad actual, que vence en 2017, y la ampliación a la zona contigua, conocida como Margas, de unas 14 hectáreas.

Lafarge señala que "mantiene vigentes todos los permisos y autorizaciones que habilitan la explotación de terrenos situados en los montes de utilidad pública y forestal sobre los que tiene otorgada una concesión minera hasta 2042". El permiso minero determina tanto la cantidad de material a extraer, como la superficie de la cantera a explotar.

La compañía afirma que "todas las zonas en las que se enmarca el permiso minero de Lafarge están dentro del perímetro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), físicamente demarcado. Este PGOU reconoce tolerancia extractiva en suelo no urbanizable y permite la explotación minera".

Alegaciones del Ayuntamiento

La nueva alcaldía considera que la explotación supera el máximo de extracción fijado en el contrato de 1988, que incumple la normativa medioambiental y que perjudica a los residentes en viviendas colindantes, y defiende su intención de promover un paraje natural en la zona. En cuanto a la ampliación, alega que este uso va en contra de los Planes Generales de Ordenación Urbana del municipio aprobados en 1992. Por todo ello, insta a LafargeHolcim a trasladar la extracción a la que será la futura cantera del grupo, en la zona del monte del Piñal.

Sin embargo, esta opción no es viable para LafargeHolcim, dado que los permisos para la aprobación definitiva de la nueva explotación están en trámite y los plazos para la resolución son muy largos. "Es un proceso muy complejo. Hay muchas administraciones implicadas y muchos departamentos dentro de cada una. En la dirección de Minas estiman que todo el proceso puede tener una duración de más de diez años. La única opción de continuidad es mantener la actual cantera, que tiene aún recursos para unos diez o catorce años, y después trasladarnos. Si no, la planta tendrá que cerrar", subraya Urbano.

"El Ayuntamiento ha mostrado falta de comprensión y tiene dudas sobre los procedimientos, y ha presentado alegaciones al expediente de prórroga. Los responsables políticos han cambiado, pero los técnicos son los mismos y conocen los expedientes. Todos los informes técnicos y de evaluación medioambiental nos son favorables. Se han respondido las alegaciones y se ha dado traslado a la parte jurídica, que es el paso previo al dictamen final. Estamos a la espera de que la Generalitat resuelva, lo que debería hacer, en principio, dentro de este primer trimestre del año. El riesgo que corremos es que se tomen decisiones por motivos políticos, y no técnicos", explica el directivo.

**El reportaje completo sobre la situación de la planta de LafargeHolcim en Sagunto está publicado en la revista elEconomista Comunitat Valenciana (pinchar el link para leerlo).