Comunidad Valenciana

El juicio contra los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea, aplazado hasta junio



    La enfermedad de un testigo ha obligado a suspender el juicio que debía comenzar este martes contra el constructor alicantino Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios más por un delito de fraude fiscal. El juicio, previsto en el juzgado de lo Penal número 1, ha quedado aplazado hasta el mes de junio aunque las declaraciones empezarán en julio. El testigo es un inspector de Hacienda que ha presentado un informe médico que acreditaba su enfermedad. A petición de la Fiscalía y de la acusación particular, el juez ha optado por el aplazamiento.

    El juicio se iniciará el 21 de junio con las cuestiones previas y se iniciarán los interrogatorios a los acusados a partir del 4 de julio. Al constructor, que está investigado en otros procesos judiciales -como Brugal, Rabasa o Gürtel- la Fiscalía le solicita tres años de prisión y una multa de 10 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública y un año y medio de cárcel por un delito de falsificación de documento mercantil.

    La Fiscalía solicita las mismas penas para los empresarios Vicente Pérez, Rafael Galea, Miguel Ballester y Miguel Carratalá, representantes de las empresas Hansa Urbana, Obras Asfálticas y Construcciones, Construcciones Villarejo y Viviendas del Mediterráneo.

    Los hechos se remontan a 2005, cuando, según la Fiscalía, todos ellos se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer".

    Así, Hansa arrendó hasta nueve terrenos rústicos en la zona de la playa de San Juan a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas, por 1,5 millones de euros. La Fiscalía entiende que, aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad" y sí "un pago a cuenta o anticipio de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos".

    Con todo, el contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades.

    Por su parte, el abogado de Enrirque Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha matizado que el empresario alicantino "no está acusado de ser el autor del delito. No tuvo nunca ningún tipo de deuda tributaria con Hacienda". "El señor Ortiz está aquí por motivo de la firma de un contrato, ni siquiera por su parte, sino por una de sus empresas", ha seguido y ha reiterado que "se le acusa de la cooperación en el delito de otro, en este caso de Hansa".

    "Estamos interesados en que se entre en el fondo del asunto y se practiquen las pruebas y quede demostrado que el señor Ortiz no participó en la comisión del delito de nadie", ha zanjado.