Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano encarga inspecciones sobre las concesiones sanitarias y los centros docentes concertados


    Olivia Fontanillo

    El Gobierno valenciano ha abierto un nuevo capítulo en su enfrentamiento con las concesionarias de servicios sanitarios, las resonancias y los centros educativos concertados, al encargar al órgano fiscalizador del sector público autonómico, la Intervención de la Generalitat, "controles específicos de carácter financiero" sobre estas empresas.

    La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, arrojó dudas sobre la gestión de los servicios, al indicar que, "dentro de los controles ordinarios que anualmente se plantean a la Intervención, el Consell ha elegido aquellos sobre los que tiene más sospechas" porque "hay investigaciones judiciales abiertas -en referencia a la empresa pública de residuos Vaersa- o ya, previamente, había sospecha fundada de desvío o de posibles irregularidades en los servicios".

    En el ámbito de la sanidad, el Consell pide la inspección de las liquidaciones anuales emitidas por la ejecución de los contratos de gestión mediante concesión de la asistencia sanitaria integral entre 2003 y 2012, en los que el principal adjudicatario es la empresa Ribera Salud, que gestiona loshospitalesy centros de salud de las demarcaciones de Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó. Asimismo, participa en la UTE Erescanner (junto a Eresa, Inscanner y Beanaca), concesionaria del servicio de resonancias magnéticas en la región, otra de las entidades a las que el Ejecutivo ordena fiscalizar.

    La consellera de Sanidad, Carmen Montón, manifestó en Las Cortes Valencianas el empeño del Consell de "realizar una reversión responsable de las cinco concesiones administrativas de la red sanitaria valenciana". En concreto, se ha marcado "un calendario de un año" para recuperar la del servicio de resonancias magnéticas y ha mostrado su voluntad de no renovar las de Ribera Salud, la primera de las cuales, la de Alzira, expira en 2018.

    Frente a las críticas del Consell, el modelo de gestión sanitaria público-privada de Ribera Salud está siendo exportado a otras regiones (como la comunidad de Madrid, Chile o Perú) y ha sido objeto de estudio de algunas de las principales universidades del mundo, como Harvard o Berkeley.

    Centros educativos y Vaersa

    En el ámbito de centros docentes, la orden del Consell pide realizar un seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de control financiero específico de años anteriores en los casos de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat valenciana y conciertos educativos entre la Generalitat y los centros docentes privados concertados en materia de subvenciones para financiar personal docente de pago delegado y ayudas de comedor, correspondientes a los ejercicios 2012 a 2014.

    Por lo que respecta a las empresas públicas con causas judiciales abiertas, la orden del Gobierno valenciano menciona directamente a Vaersa -empresa pública de gestión de residuos-, cuya gestión está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Consell pide investigar los gastos en compras y servicios exteriores de Vaersa realizados por la entidad enero de 2006 y junio de 2015. "El objeto del trabajo se centrará en los procedimientos empleados en la gestión económico-financiera", detalla.

    El encargo del Ejecutivo se extiende, también, al Registro de Facturas de la Generalitat, "en relación con la completa y correcta anotación de las facturas pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2015".

    Informes y recomendaciones

    La Generalitat detalla que el resultado de estas actuaciones "se plasmará en un informe escrito que se remitirá, con la misma tramitación, a los destinatarios del informe del control financiero". Asimismo, subraya que "los trabajos de fiscalización comprenderán el seguimiento de las recomendaciones reflejadas en los respectivos informes definitivos".