Las universidades proponen una televisión pública con 800 empleados y un presupuesto anual de 142 millones

La Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas ha entregado en Las Cortes Valencianas el documento en el que se establecen las bases del futuro modelo audiovisual valenciano, que será definido por una comisión parlamentaria integrada por todos los grupos políticos, en un plazo de unos seis meses. En el caso de la futura televisión pública, la comisión propone una plantilla de unos 800 empleados, la mitad de los que había en la anterior Canal 9, y tres vías de financiación: subvenciones públicas, publicidad y comercialización y explotación de produccción propia. El documento, titulado 'Bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano y la restitución del servicio público de radiotelevisión', se pronuncia sobre el sistema comunicativo y audiovisual, el marco normativo, el modelo de gestión, los contenidos, la financiación y la plantilla.

Los expertos señalan que la financiación de la nueva radiotelevisión debe ser "suficiente, sostenible y transparente", al tiempo que habla de "prohibir de manera clara y expresa el endeudamiento" de la nueva corporación. Para definir el presupuesto, analiza los costes de las televisiones públicas autónomicas y plantea que "lo más deseable, sería tender hacia el coste medio estatal, que está en 28,76 euros por habitante, lo que supondría un presupuesto anual de 142 millones de euros". En todo caso, plantea un mínimo de 22 euros por habitante, lo que equivaldría a 109 millones al año.

Las partidas presupuestarias serían las siguientes: plantilla (35% del presupuesto), gastos de producción propia y compra de producción ajena y derechos de emisión (30%), producción propia externalizada (30%) y otros gastos (55%).

Los expertos universitarios ven "imprescindible" garantizar que la producción externalizada de la nueva radiotelevisión se lleve a cabo por productores radicados fiscal, jurídica y empresarialmente en la Comunitat Valenciana, y que los equipos técnicos y artísticos que participen en la producción sean valencianos

Contratación abierta

Respecto a esta última, considera que, con "aproximadamente la mitad de trabajadores" que la anterior, la futura televisión sería la que menos empleados y, con ello, menos costes laborales, tendría de entre las cadenas públicas de las comunidades autónomas con lengua propia. Se refiere a la situación de los exempleados del ente público, indicando que, "en el proceso de restitución del servicio público de radiotelevisión, el Gobierno de la Generalitat debe reconocer los derechos laborales, profesionales y morales de este colectivo".

No obstante, abre las puertas a la contratación de "otros profesionales", ajenos a RTVV (tanto de la comunicación como técnicos, ingenieros, expertos legales,....), con procesos que garanticen los "principios de igualdad, mérito, capacidad y máxima transparencia". "La combinación de la experiencia de los profesionales con larga trayectoria y la innovación procedente de las nuevas generaciones de profesionales puede resultar muy positiva y beneficiosa", señala.

En cuanto a la gestión, abogan por un modelo "radicalmente diferente al anterior", que permita recuperar la "confianza de la ciudadanía". Se defiende la independencia política y, para garantizar que se cumplan las líneas establecidas, se crearán órganos de control del sistema audiovisual, tanto internos como externos, como el Consell Valencià de Comunicació o el Defensor de la Audiencia.

El catedrático de Periodismo de la Universitat de València (UV), Josep Lluís Gómez Mompart, ha explicado que en el informe se plantea "todo un sistema audiovisual complejo", que es más que una radio y televisión, porque incluye plataformas ligadas a las nuevas tecnologías, desde una perspectiva "nueva absolutamente", con contenidos "pensados de una forma muy moderna y muy renovada", dado que, aunque habrá informativos, programas de entretenimiento o deportes, se harán con unas maneras "bastante diferentes".

La propuesta apuesta por un sistema que garantice la pluralidad y el rigor informativo, distribuido en información (25%), ficción (35%), entretenimiento (30%), deportes (5%) y educación (5%).    Proponen también los expertos que sea completamente en valenciano y sirva "fielmente" a la promoción de la lengua y la cultura valencianas.

En el plano multimedia, recomiendan crear un departamento propio en el nuevo organigrama de la corporación para desarrollar una Plataforma Tecnológica Multimedia, revisar la concesión privada de la red actual de repetidores y negociar con el Ministerio de Industria la concesión de un múltiplex de intercambio autonómico entre las comunidades vecinas.

Tramitación

Antes de ser entregado a la comisión parlamentaria, que se constituirá la próxima semana, el documento será revisado por el Foro Social del Audiovisual, integrado por agentes implicados y expertos en este ámbito, que realizará las aportaciones que estime oportunas antes de darle trámite ante la comisión.

El presidente de Las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha indicado que la próxima semana se constituirá la comisión parlamentaria que trabajará en el desarrollo del modelo audiovisual, que contará con representantes de todos los grupos políticos y apoyo de expertos y agentes implicados. El objetivo es tener una propuesta en un plazo de unos seis meses. Con el periodo de tramitación de la ley y el necesario para la puesta en marcha del modelo, la Generalitat confía en que pueda estar operativo para el próximo verano.

De manera paralela a la labor de la comisión parlamentaria, se trabajará en la tramitación de la proposición de ley aprobada en el mes de octubre para reactivar el proceso de recuperación del modelo audiovisual público valenciano y derogar las normas dictadas por el anterior Gobierno para el cierre de RTVV. Entre los pasos pendientes está también que el PSOE retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley por la que se cerró el ente público y que la Audiencia Nacional levante la suspensión del procedimiento laboral, de manera que pueda haber una sentencia que se pronuncie sobre si el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "fue o no correcto".