El TSJCV investiga a Camps por la F-1 pero no indagará sobre la compra de Valmor
- La adquisición, incluida en la querella, la aprobó el Gobierno de Fabra
- El TSJCV acota su investigación a la actuación del expresidente
- Ve indicios de prevaricación y malversación por parte de Camps
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado investigar al expresidente de la Generalitat y actual diputado popular en las Corts Francisco Camps por presunta malversación y prevaricación en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, pero ha excluido de su investigación la compra de la empresa Valmor Sports, aprobada por el Gobierno de Alberto Fabra, a pesar de que el Fiscal Anticorrupción también incluyó esta operación en su querella.
La compra de Valmor Sports por un euro, que generó unas pérdidas de al menos 23 millones a la Generalitat, está en el origen del llamado caso Valmor, que llegó a los tribunales a partir de sendas denuncias presentadas en abril de 2014 por diputados de Esquerra Unida y PSPV-PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción.
Después de una investigación de más de seis meses, Anticorrupción presento el pasado 18 de diciembre una querella contra Camps, el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar -amigo de Camps y socio de Valmor- y la exconsejera de Turismo Lola Johnson.
Como denunciaban EUPV y PSPV, el fiscal considera la compra de Valmor el colofón de una sucesión de irregularidades presuntamente cometidas entre 2006 y 2012.
A Johnson la acusaba, entre otras cosas, de haber engañado al resto del Gobierno de Alberto Fabra para que aprobaran la compra de Valmor en diciembre de 2011, sin advertirles de que asumían su deuda de más de 30 millones. Todo ello en beneficio de los socios de Valmor y en perjuicio de la Generalitat.
Por ello, el fiscal pidió la imputación sólo de Johnson y no de todo el Ejecutivo de Fabra. Sin embargo, el propio presidente ha aclarado por activa y por pasiva que Jonhson no les engañó y que sabían lo que compraban.
Sólo hasta la dimisión de Camps
Sin embargo, en su escrito los magistrados admiten parcialmente la querella y excluyen de su investigación la operación de compra basándose en el preceptivo informe de la Fiscalía del TSJCV sobre la admisión a trámite.
Este informe sólo se refería a la parte de la querella con los delitos atribuidos al único de los acusados que está aforado, Camps, y no a los de Aspar y Jonhson. Eso es así porque las acusaciones contra estos últimos no son relevantes a la hora de decidir si compete al TSJCV instruir la causa.
Con ese argumento, el TSJCV acota la instrucción "al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011", víspera de la dimisión de Camps.
La parte del caso Valmor que podía afectar a Alberto Fabra queda así aparcada en pleno período preelectoral y con el dirigente popular pendiente de conocer si será candidato a la reelección.
Denuncia de Manos Limpias
El sindicato Manos Limpias presentó el pasado 23 de enero una denuncia ante el TSJCV pidiendo la imputación de Fabra por la compra de Valmor. Para ello, se remitía a la querella de Anticorrupción y a diferentes hechos que probarían que se vulneró la ley, como la decisión "unilateral y potestativa" de no contar con los servicios jurídicos de la Abogacía de la Generalitat.
Al tratarse de una denuncia particular y no de Fiscalía, lo más probable es que el TSJCV la rechace, ya que, según expone en el propio auto de admisión a trámite, la jurispudencia establece que las denuncias contra aforados deben presentarse ante la Fiscalía o ante un juzgado ordinario. En este segundo caso, será el juez instructor el que lo deba remitir la causa al TSJ correspondiente o al Supremo si aprecia indicios de delito en un aforado.
Prevaricación y malversación
El tribunal admite la querella ante la "posibilidad razonable" de que los hechos narrados por el fiscal hayan ocurrido con la participación de Camps, y "de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos".
Camps, desde que se conociera la querella interpuesta por Fiscalía, ha mantenido que la celebración de la Fórmula 1 en Valencia "fue una decisión estrictamente política, esencial para el posicionamiento de la Comunidad Valenciana de cara al exterior" y ha subrayado que "todas las decisiones políticas adoptadas sobre esta cuestión contaron con el soporte técnico y jurídico necesario".
Anticorrupción presentó su querella en el TSJCV el pasado 18 de diciembre de 2014, y casi dos meses después, tras adquirir el tribunal una traducción de la declaración que prestó Ecclestone durante la instrucción -en inglés-, se ha decidido abrir una investigación para depurar responsabilidades.
La Fiscalía entiende, tal y como reflejaba en su querella y en un informe posterior que remitió al TSJCV sobre la competencia, que Camps negoció "directamente" con Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
El fiscal del caso, Vicente Torres, basa estas premisas, entre otros aspectos, en las declaraciones prestadas tanto por el expiloto Aspar como por la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, quienes señalaron que la idea de celebrar el GP partió de Camps, que fue quien negoció todas las condiciones, incluidas las económicas.
Además, el ministerio público entiende que fue Camps quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, de la que era socio Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo declaró que era "muy amigo" del expresidente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.
Aspar tenía un 33 por ciento de Valmor que compartía con Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino. Los otros socios de Valmor al 33 por ciento eran Bancaja y Fernando Roig, presidente de Pamesa Cerámica y del Villarreal CF.
No puso ni un euro
El contrato entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor se celebró en marzo de 2008, y la primera mercantil "no pagó ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos. Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.
Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps "nuevamente" asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".
La firma del contrato por el director de SPTCV, Eusebio Monzó, no lo fue porque él quisiera sino porque lo ordenó el vicepresidente Gerardo Camps, que no fue quien negoció con Ecclestone, ya que esto también corrió a cargo del ex jefe del Consell. El expresidente, según el fiscal, había viajado diez días antes a Londres para garatizar al patrón de la F1 que el canon anual lo pagarían a través de la SPTCV. Para ello se modificó el contrato en agosto, eludiendo los controles de la administración.
En resumen, el fiscal subraya que fue la Generalitat "la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps". Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación "directa" de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma "de manera urgente", con lo que incumplió "de manera flagrante" toda la normativa en materia de avales.