Parques Reunidos dejará el Oceanogràfic al empeorar su ventajoso contrato

El Grupo Parques Reunidos anunció este miércoles que se no presentará al concurso recientemente convocado por la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para explotar el complejo marino L'Oceanogràfic de Valencia y el espacio conocido como Ágora, porque las condiciones "suponen muy elevados riesgos financieros y económicos, falta de autonomía en la gestión y una gran inseguridad jurídica para quien lo asuma", según la empresa.

La renuncia se produce después de haber analizado los pliegos y las respuestas de Cacsa a las consultas efectuadas sobre el concurso, según explicó la compañía en un comunicado.

Con ello, se pone fin a un muy rentable negocio explotado por su filial, Parques Reunidos Valencia (PRV), merced al ventajoso contrato que firmó en 2002, que lleva dos años prorrogado. PRV facturó 10,79 millones de euros en 2012, de los que 3,65 millones corresponden a los cánones, uno fijo y otro variable, que Cacsa le paga por gestionar el parque.

Según este contrato, Cacsa asume los gastos de personal -contratado por PRV- y de funcionamiento que realiza la concesionaria, mientras PRV paga a Cacsa 600.000 euros de canon fijo -no revisable según el IPC, a diferencia del anterior, que aumenta cada año- y un variable que es un porcentaje de los ingresos por explotación de restaurantes y tiendas. El saldo a favor de PRV era de unos 600.000 euros mensuales.

Para el Grupo Parques Reunidos el negocio era aún mayor, ya que buena parte de esos gastos corresponden a servicios prestados por el grupo, en concreto, 2,27 millones en 2012. Según la memoria anual de PRV de ese año, Cacsa se ha comprometido por escrito a mantener sus contrataciones con terceros y asumir dichas obligaciones, bien directamente o mediante el nuevo gestor.

Los accionistas de la empresa son el grupo Parques Reunidos, con un 76,1 por ciento; María José Lladró Castelló -hija del cofundador de la empresa de porcelanas, José Lladró (12,5)-, y Andrés Ballester y familia (12,4).

Más de 30 millones de beneficio

Parques Reunidos ha conseguido desde 2003 más de 30 millones de euros de beneficio. La empresa aseguró en su comunicado que Cacsa ha percibido en este período "más de 50 millones de euros tras el pago de los cánones correspondientes a PRV", aunque omitió que su aportación  a la concesionaria ha sido mucho mayor.

De hecho, PRV ha demandado a la Generalitat por no pagarle 9 millones de euros, correspondientes a la diferencia entre las deudas cruzadas entre Cacsa y la concesionaria.

Tras conocer la renuncia de Parques Reunidos, el consejero de Economía, Máximo Buch, manifestó que "las condiciones del nuevo concurso son mucho más exigentes que las del anterior", fruto de la experiencia de todos estos años. "Hemos aprendido y sabemos donde podemos pedir más", añadió.

Buch reveló que existen otras cuatro ofertas, todas ellas con algún socio extranjero, que continúan pidiendo información a Cacsa, aunque habrá que esperar a diciembre para ver cuántas se presentan.

"Elevado riesgo financiero"

Según Parques Reunidos, "el concurso implica un elevado riesgo financiero para el operador por cuanto obliga a un compromiso financiero mínimo de más 110 millones de euros durante 15 años de vida del contrato independientemente de otras variables a tener en cuenta como evolución del negocio, resultados positivos o negativos que obtenga el operador en su gestión, evolución del entorno económico y posibles cambios regulatorios y fiscales".

Además, "existe un alto riesgo económico porque la obtención de un resultado de operación positivo para el operador es absolutamente incierta como consecuencia de las obligaciones económicas estipuladas en los pliegos", asegura la compañía.

Respecto a la falta de autonomía en la gestión, afirma que "el pliego otorga a Cacsa un control muy fuerte sobre todos los aspectos esenciales del negocio, impidiendo al operador tomar de manera autónoma las decisiones de gestión que permitan maximizar la calidad de la oferta en el Oceanogràfic y obtener la adecuada rentabilidad de su gestión".

Por último, PRV asegura que el concurso"ofrece numerosas incógnitas en lo relativo a su interpretación, régimen extremo de sanciones, y terminación y modificación unilateral del contrato, lo que implica una enorme inseguridad jurídica para quien lo asuma".

La compañía lamenta en el comunicado "tener que adoptar esta decisión, especialmente después del balance tan positivo que se desprende de todos estos años".