Fabra impulsa una ley para reducir de 99 a 79 el número de escaños de las Corts

El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el proyecto de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados en las Corts un 20 por ciento, de 99 a 79.

La propuesta, que tiene pocas probabilidades de salir adelante, se produce siete años después de que PP y PSPV pactaran y sacaran adelante una reforma del Estatuto que supuso un aumento del número de parlamentarios de 89 a 99.

La reforma incluye una modificación de la cifra mínima de escaños a atribuir a cada una de las tres circunscripciones provinciales, que pasaría de 20 a 15, asignándose el resto según la población.

Según ha calculado elEconomista, la circunscripción de Valencia perdería siete escaños, pasando de 40 a 33; Alicante tendría 28, también siete menos que ahora, y Castellón perdería seis, pasando de los 25 actuales a 19. Esta provincia sería la que, en proporción, más escaños perdería, el 24 por ciento, seguida de Alicante (20 por ciento) y Valencia (17,5).

Para esta reforma se precisa de la modificación de los artículos 23 y 24 del Estatuto de Autonomía, para cuya aprobación es necesaria una mayoría cualificada de dos tercios en las Corts y un referéndum.

Dado que los tres partidos de la oposición -PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se oponen a esta reforma, es poco probable que salga adelante, pero los populares la han impulsado con la intención de que estos partidos "expliquen" por qué rechazan esta "medida de ahorro", según ha dicho el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar.

Ahorro de 352.800 euros al año

Según la memoria económica que se elaboró al respecto, la disminución de gasto anual en concepto de financiación de los partidos políticos se cuantifica en 352.800 euros, cuantía a la que habría que añadir una reducción de 255.726 euros por cada proceso electoral en concepto de subvenciones por gastos electorales.

Por su parte, la celebración del referéndum aprobatorio de la reforma proyectada tendría un coste presupuestario de 2,2 millones de euros si se celebra en concurrencia con un proceso electoral que esté a cargo de la administración del Estado; o de siete millones de euros si no se produce dicha circunstancia.

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) elaboró recientemente el dictamen sobre este anteproyecto de proposición de ley orgánica, que considera que la norma es conforme con el ordenamiento jurídico. No obstante, entiende que debería elaborarse un informe económico detallado en el que se justifique la oportunidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para reducir el número de diputados.