Fabra acelera el cierre de Canal 9 para que el coste no supere los 70 millones
El presidente valenciano, Alberto Fabra, compareció este miércoles para afirmar que "no habrá marcha atrás" en la decisión de cerrar Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que justificó por motivos económicos, aunque admitió que no sabe cuánto costará el cierre -"estamos ahora evalúandolo"- y dio cifras imprecisas sobre el coste de la anulación del ERE.
elEconomista ha podido recabar algunas cifras concretas que permiten situar el coste del cierre en unos 50 millones de euros, a los que hay que sumar los 20 millones que, en cualquier caso, tendrá que pagar RTVV en salarios de tramitación a los 952 trabajadores despedidos que hay que readmitir.
"No voy a ser yo quien ponga 40 millones de las partidas de educación, sanidad o políticas sociales para poder cumplir la sentencia", justificó ayer Fabra. Esa cantidad, que en realidad son 37 millones, es el salario anual de los readmitidos, que más que duplica los 32 que iba a cobrar la actual plantilla.
Ese coste de personal es el mayor problema para las arcas públicas. Despedir otra vez a los readmitidos no tiene coste, porque devolverán la indemnización y la volverán a cobrar. Despedir a la actual plantilla supone unos 40 millones, y cada mes que se tarde en ejecutar el cierre sumará 5,8 millones en salarios.
La Generalitat quiere acabar en dos meses, lo que saldría por 50 millones, más los 20 de salarios de tramitación, justo el dinero presupuestado en 2014 para la televisión pública.
Mantener abierto Canal 9 con otro ERE pactado en un breve plazo, sin los numerosos errores que señala la sentencia, habría tenido un coste no mucho mayor, pero, según Fabra, el Ejecutivo valenciano no se planteó "ninguna otra opción", porque considera que "el momento de la negociación ha pasado" y los sindicatos "no han querido entender que no hay dinero".
Tres60 no llegó a firmar
El contrato de 1.700 horas de programación que se adjudicó a las productoras Tres60, Endora y Mecomlys no tendrá ningún coste para RTVV porque no llegó a firmarse, según confirmaron fuentes de la empresa.
Además del de personal, el cierre tendrá costes adicionales derivados de la ruptura de contratos con productoras que estaban grabando series como L?Alqueria blanca y con la Forta.
En el lado de los posibles ingresos en la liquidación, los activos de RTVV están valorados en 40 millones los inmuebles y equipamiento y en 10,8 millones los derechos audivisuales.
Dimite Rosa Vidal
En su comparecencia ante los medios, Fabra rechazó cualquier responsabilidad de su Gobierno en el fracaso del ERE y señaló como culpables a los sindicatos y a la directora general, Rosa Vidal, que dimitió pocas horas después tras acusar al Ejecutivo de "haber faltado a la verdad".
A preguntas de los periodistas, Fabra añadió que analizará la sentencia y estudiará si pide responsabilidades a las empresas que les han asesorado en el ERE.
El impacto del cierre va más allá de los casi 1.700 despidos, ya que el sector audiovisual local se queda sin su principal baza competitiva, que es la producción en valenciano. Ximo Pérez, presidente de la Federación del Audiovisual Valenciano y de Trivisión, productora de L?Alquería blanca -el Cuéntame valenciano, con 200 capítulos emitidos en 10 temporadas-, declaró el martes a elEconomista, antes de conocerse la sentencia, que esperaban que RTVV aprovechara el dinero ahorrado en el concurso de programación para contratar nuevas series y contenidos.
La televisión pública se llena de críticas
Los trabajadores de Canal 9, rebautizada hace un mes como Nou, cambiaron este miércoles por la tarde la parrilla por una programación especial para mostrar a los espectadores "qué es lo que ha pasado", para sepan "lo que ha llevado a la sociedad valenciana a quedarse sin televisión" autonómica, según afirmaron.
Por primera vez en 24 años, los espectadores vieron unos contenidos críticos con el Gobierno autonómico. El informativo de las 14 horas abrió con el siguiente titular: "Fabra no asume responsabilidades".
La convocatoria de actos de protesta y los pronunciamientos en contra del cierre se sucedieron, incluido el del Consejo Valenciano de Cultura, la mayoría de cuyos miembros han sido elegidos por el PP. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, exigió a Fabra, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Más comprensivos se mostraron los presidentes de las patronales autonómica y provincial de Valencia. El de Cierval, José Vicente González, admitió que "había muy pocas alternativas diferentes a la que finalmente se ha adoptado" y, una vez tomada, "se trata de procurar que la gente que se va a quedar sin trabajo se vaya con el menor daño posible, que es lo único que queda ya".
Desde el Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, mostró su apoyo a "la prioridad del presidente Fabra".