Valencia propone una financiación más igualitaria, con aportación vasca y navarra

Las Cortes Valencianas van a enviar al Ministerio de Hacienda una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que, según sus autores, elimina la "discriminación" de algunas comunidades, entre ellas la valenciana; aumenta la capacidad normativa de los gobiernos y, por tanto, su responsabilidad; introduce a País Vasco y Navarra en los mecanismos de solidaridad interterritorial, y contempla que el Estado compense a las comunidades más perjudicadas por el actual y el anterior sistema.

La propuesta figura en un informe de 97 páginas titulado Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborado por seis economistas por encargo de la Cámara autonómica.

Se trata, obviamente, de un informe de parte, que la Generalitat ha hecho suyo y que contará con la resistencia de las comunidades señaladas como "sobrefinanciadas", como Cantabria o Extremadura, además de las forales.

Sin embargo, según uno de sus autores, José Antonio Pérez -gerente de la Universidad Politécnica de Valencia-, "es una solución de Estado, absolutamente viable", que pretende corregir una anomalía, como es que el sistema de financiación no cubra el gasto en sanidad, educación y servicios sociales de algunas comunidades que, además, gastan por debajo de la media en estas partidas.

Se trata de una infrafinanciación histórica que se iba solventando con la abundancia de ingresos de la época del ladrillo, el endeudamiento y -esto no lo dice el informe- el maquillaje del déficit con las facturas en el cajón.

La situación estalló cuando hubo que aflorar esas facturas y pagarlas con préstamos del FLA, al mismo tiempo que se desplomaban los ingresos del ladrillo y se fijaba un objetivo de déficit que nadie ve factible, empezando por el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, a pesar de haber logrado con la asimetría ampliarlo hasta el 1,6 por ciento.

"Otras no son tan eficientes"

Los autores del informe afirman que "los escenarios de estabilidad ignoran que algunas comunidades tienen déficit fundamentalmente porque gastan más que la media y otras lo tienen a pesar de gastar menos", como es el caso de la valenciana.

Según detallan, el gasto total de la Generalitat es 45 puntos porcentuales inferior a la media y el de educación y sanidad está 5 puntos por debajo de esa media. Esto hace que Valencia sea la segunda comunidad que más porcentaje de presupuesto dedica a partidas sociales, tras Murcia, que tiene parecidos problemas.

"Hay comunidades que, como tienen suficientes recursos, a lo mejor no son tan eficientes como nosotros", afirma Moragues, sin querer señalar.

El gasto de la Generalitat en 2012 solo en Sanidad y Educación fue de 11.924 millones, cuando los ingresos totales de la Administración autonómica ascendieron a 10.603 millones. Para pagar todo lo demás, recibe préstamos del Estado que han elevado la deuda financiara de la Comunidad a 29.235 millones, el 29,6 por ciento del PIB regional, a la espera de otra subida con el próximo FLA.

1.000 millones de gastos financieros

Los gastos financieros superan ya los 1.000 millones, lo que contribuye a generar "un peligroso círculo vicioso que genera déficit y más deuda", afirman los autores.

Según sus cálculos, Valencia recibe 208 euros menos per cápita que la media, que por 5 millones de habitantes supone 1.000 millones menos al año. Calculan que la infrafinanciación ha generado, por sí sola, 10.900 millones de deuda en una década, que a su vez ha costado 2.500 millones en intereses.

El diagnóstico coincide en grandes líneas con otros realizados en los últimos meses. Así, Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), afirmó recientemente que "el pastel está mal repartido y Valencia es la peor tratada", y explicó, con la liquidación de 2010 en la mano, que "si llamamos 100 a la financiación media por habitante ajustado a competencias homogéneas en el conjunto de las regiones no forales, Valencia estaría en 93 y Cantabria en 118, sin que existan motivos comprensibles para ello".

Lo mismo reflejaba, sin valoraciones, un informe sobre comunidades autónomas presentado en junio por Standard & Poor?s, que afirma que la diferencia de financiación es responsable, "en parte", de las diferencias de déficit.

La propuesta

El sistema propuesto por la comisión de las Cortes valencianas propone un modelo con tres tramos "que garantice servicios públicos fundamentales en condiciones similares, con independencia del nivel de renta del territorio".

Para ello, propone una cantidad fija por habitante en lo que se conoce como "población ajustada", la que se corrige con variables como edad y densidad de la población o la insularidad. En este primer tramo, denominado "de Garantía", sugiere la creación de un "fondo de contingencia común" que recibiría dinero de los Presupuestos del Estado cuando la recaudación tributaria creciera por encima del PIB nominal, para garantizar la financiación de los servicios básicos los años en que la recaudación cayera.

En este fondo de contingencia y en los fondos de compensación territorial es donde se propone que se incluya a País Vasco y Navarra, respetando sus actuales sistemas de cupo y amejoramiento, respectivamente. Lo que se sugiere es que al calcular las contribuciones vasca y navarra a las cargas generales del Estado se incluyan los fondos de solidaridad interterritorial, en los que no participan a pesar de estar entre las comunidades con más renta y más financiación per cápita.

El tramo dos sería para financiar servicios no básicos, para los que propone dar más responsabilidad a las autonomías, mientras el tercer tramo ofrecería a las comunidades más capacidad normativa para financiar políticas de gasto diferenciadas, con posibilidad de recargos sobre tributos estatales.

Negociar la "deuda histórica"

El modelo añade a los tres tramos "tres instrumentos": el reparto de fondos de compensación y europeos, la citada contribución vasca y navarra y lo que se conoce como "deuda histórica", que sería lo que algunas comunidades han dejado de percibir desde 2002 por menor financiación respecto a la media. En el caso valenciano, 13.400 millones de deuda e intereses, para los que, según los autores, se debería negociar con el Gobierno central un mecanismo de compensación.

Los expertos plantean dos premisas para la negociación del nuevo modelo. Que se rompa con el actual statu quo, partiendo de cero, y que entre en vigor con efecto 1 de enero de 2014, por que la situación de la Generalitat es "muy grave"; "insostenible", afirman algunos, "inviable", según otros.

Tres tramos y tres instrumentos

Tramo de Garantía: Idénticos recursos por habitante (población ajustada) para un nivel homogéneo de sanidad, educación y prestaciones sociales, con un fondo de contingencia común.

Tramo de Suficiencia Competencial: Financia otras competencias con tributos estatales y cedidos, lo que da margen de maniobra a cada gobierno.

Tramo de Autonomía: Más capacidad normativa, con posibles recargos sobre tributos estatales, para financiar políticas diferenciadas.

Instrumento de Desarrollo Regional: Fondo de Compensación y Fondos Estructurales.

Instrumento de Reequilibrio Financiero: Acuerdos bilaterales del Estado con CCAA infrafinanciadas durante estos años para asumir parte de la deuda.

Revisión de las contribuciones forales: Que País Vasco y Navarra participen en el Tramo de Garantía y en el Fondo de Compensación Interterritorial.