Las cooperativas de transporte piden una moratoria al Ministerio
Las cooperativas de transporte valencianas pedirán al Ministerio de Fomento un período de adaptación a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que entró en vigor el pasado 25 de julio y que cambiará la forma de trabajar de los miles de camioneros autónomos miembros de estas cooperativas.
Así lo anunció el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte de la Comunidad Valenciana, José Luis Ayuso, el pasado sábado durante la junta general de la Federación, celebrada en Valencia.
"Pediremos al Ministerio un período mínimo de adaptación, porque las cosas no se pueden hacer de un día para otro", explicó Ayuso a elEconomista. "Queremos que nos concedan como mínimo lo que queda de 2013 y 2014", añadió.
La nueva ley prohíbe a los autónomos socios de una cooperativa facturar a la sociedad, bajo amenaza de una multa de 6.000 euros por cada factura que emitan. Según Ayuso, la ley entra en vigor justo cuando la Agencia Tributaria había dado por válida la forma de trabajar de las cooperativas. "No hay ninguna sanción anterior a la ley, porque las inspecciones que había hecho la Agencia Tributaria acabaron todas con actas en las que se dio la razón a las cooperativas", afirma.
La forma de funcionar hasta ahora era que la cooperativa, titular de la autorización de transporte, era contratada por un tercero para un servicio y se lo encargaba a sus socios, propietarios de los camiones, que a su vez facturaban a la cooperativa por ese servicio prestado.
Es algo que se viene haciendo "desde hace décadas", según Ayuso, y que está contemplado por la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y las normativas de otras comunidades, como Castilla-La Mancha.
Según Ayuso, también presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (Fenacotrans), el veto de la ley se debe a presiones de las grandes compañías de transporte, que argumentan que los autónomos no son titulares de la autorización de transporte.
Miles de afectados
Las cooperativas quedan ahora "en una situación precaria", según Ayuso, por lo que en la Federación están trabajando en la búsqueda de una solución. "Necesitamos tiempo", asegura. La Federación ha pedido ayuda a la Dirección General de Transportes de la Generalitat, que "de momento, no ha hecho mucho", asegura Ayuso.
En su opinión, la ley acarreará la desaparición de la mayor parte de las 400 cooperativas que operan en el sector del transporte por carretera en España, afectando a los más de 20.000 puestos de trabajo que dependen de ellas. De estos autónomos, unos 7.000 son de la Comunidad Valenciana, la más afectada. A ellos hay que sumar las personas que en su momento pudieron avalar la compra de camiones, según Ayuso.