La jueza paraliza el concurso de agua de Gandia por un recurso de Agbar
La titular del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Valencia, Laura Alabau, ha paralizado el concurso para la gestión durante 50 años de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado de Gandia (Valencia), a petición de Aquagest Levante, filial de Aguas de Barcelona (Agbar).
Se trata de un nuevo litigio en el que están involucrados Agbar y Aguas de Valencia, enfentados en varios juzgados por pleitos sobre concursos en Valencia y Barcelona.
La filial de Agbar recurrió el concurso al entender que beneficia a Aguas de Valencia, anterior concesionaria, a la que el ganador de esta licitación deberá indemnizar con 86,5 millones de euros por la resolución anticipada que acordó el Consistorio gandiense.
La jueza acuerda la suspensión "cautelar provisionalísima" del proceso, ya que el 22 de enero acababa el plazo para presentar ofertas, y para entonces no habrá tomado una decisión sobre el recurso de Aquagest Levante.
La resolución no entra a valorar el principal argumento de la filial de Agbar, que es que la indemnización prevista, dado su importe, "excluiría la concurrencia de cualquier otro licitador que no fuera la propia Aguas de Valencia", quebrantando el "principio de concurrencia competitiva".
El alcalde se gastó todo
El equipo de Gobierno del Partido Popular, que entró a gobernar en 2011, decidió resolver el anterior contrato tras denunciar públicamente que el anterior alcalde, del PSPV-PSOE, se había gastado el dinero anticipado por Aguas de Valencia al ganar el concurso. Según dijo, recibió por anticipado 55 millones en concepto del canon del agua potable y 12 millones en concepto de alcantarillado, dinero que se gastó en partidas ajenas al agua en lugar de en inversiones en la red para los siguientes 25 años.
Por ello, el actual alcalde volvió a sacar a concurso el servicio, exigiendo al nuevo concesionario inversiones por 66 millones, además de los 86,5 millones de indemnización a Aguas de Valencia.