Fabra imita a Rajoy y mete la tijera tras rozar el impago de un préstamo

El Gobierno valenciano ha decidido cambiar radicalmente su guión de los ajustes después de salvar el segundo match point, como definió el presidente Alberto Fabra el primero, la devolución in extremis de los bonos patrióticos el pasado 22 de diciembre.

Esta vez, fue un préstamo a corto plazo de 123 millones de euros que Deutsche Bank se negó a renovar el que disparó las alarmas y obligó a Fabra a pedir ayuda al Gobierno de Mariano Rajoy, que ya le echó una mano la semana anterior convenciendo al Santander de que le concediera un préstamo. La Generalitat reconoció este miércoles que se retrasó en la amortización una semana -pagó el martes-, pero negó que hubiese recibido el aval del Tesoro.

El nuevo Gobierno ha transmitido a Fabra que está dispuesto a seguir ayudando a las comunidades en apuros, hasta el punto de que en el PP valenciano se da por hecho que cambiará la ley para que el Estado pueda avalar determinada deuda de las autonomías, como viene reclamando desde hace meses el consejero de Hacienda, José Manuel Vela. Sin embargo, Rajoy quiere a cambio "sacrificios" y recortes de verdad aunque sean impopulares, algo que el Ejecutivo de Fabra no había hecho en los cinco meses que lleva en el cargo.

Todo esto ha cambiado, como dijo Fabra en su discurso de Año Nuevo, en el que anunció que el Presupuesto recién aprobado de 14.988 millones sufrirá este jueves un recorte de 1.000 millones mediante un decreto ley de medidas urgentes que supondrá "sacrificios" para todos y "cero gastos superfluos". Unas medidas que también pasan por encima de promesas y planes que apenas habían arrancado.

Recorte a los funcionarios

Vela adelantó a los sindicatos la parte del decreto que afecta a los funcionarios y empleados públicos. Según anunció, las medidas tendrán una vigencia de dos años -como las de Rajoy- en los que la Generalitat espera ahorrar 271 millones por ejercicio.

En concreto, se reduce la jornada laboral de los interinos hasta las 25 horas semanales y disminuyen en la misma proporción sus retribuciones, lo que supondrá un ahorro de 16 millones. Afectará a todos los interinos excepto a los docentes, que seguirán con 37 horas pero serán despedidos el 30 de junio y no cobrarán julio y agosto, con un ahorro de 32 millones.

Además, la Generalitat no completará el pago hasta el 100 por cien en situaciones de incapacidad temporal -ahorrará 18,5 millones-, se suspenden las aportaciones a los planes de pensiones -15,5 millones- y se reducen un 50 por ciento los sexenios del personal de educación -67,5 millones- y la carrera profesional en Sanidad, lo que ahorrará 86,5 millones.

Las medidas fueron recibidas con indignación por los representantes sindicales, que se levantaron de la Mesa de Negociación y anunciaron movilizaciones. El presidente Fabra había prometido en las Cortes el pasado 6 de octubre que no tocaría el salario de los funcionarios.

Otra medida adelantada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo, José Císcar, fue la reducción de 46 a seis del número de empresas públicas, que contrasta con el plan anunciado en noviembre de mantenerlas todas bajo una nueva Corporación Empresarial. El sector público perdió 834 millones en 2010, año en el que acabó con una deuda de 5.657 millones.

Deuda insostenible

Esta deuda de las empresas, avalada por la Generalitat, no forma parte de los 4.000 millones de vencimientos que tiene que afrontar en 2012 el Gobierno de Fabra, que ya ha reconocido que no podrá hacerlo sin la ayuda del Estado. Los vencimientos que figuran en las webs del Instituto Valenciano de Finanzas y la CNMV suman 3.316 millones, intereses incluidos, pero faltan los préstamos a corto plazo otorgados por la banca, como los 600 millones que seis entidades concedieron a la Generalitat el 22 de diciembre.

Son al menos 4.000 millones, y es previsible que las dificultades para renovar deuda de las que se queja Vela, que incluyen la de empresas como RTVV, se agudicen tras el susto con el Deutsche Bank y la reciente calificación por parte de Moody?s de bono basura a la deuda de la Comunidad Valenciana.