La hora de la verdad para Francisco Camps y Ricardo Costa

La hora de la verdad ha llegado para Francisco Camps y Ricardo Costa. A las 10 de la mañana de este lunes, los hoy diputados de las Cortes valencianas responderán ante un jurado popular de la acusación de cohecho continuado, cometido presuntamente en 2006 y 2007, cuando Camps era presidente de la Generalitat y del PP valenciano y Ricardo Costa era secretario general del partido en la Comunidad Valenciana.

Con ellos no se sentarán los otros dos acusados, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que el pasado mes de julio admitieron los hechos y fueron condenados por ellos.

Esta confesión por parte de dos de los imputados es uno de los problemas que tendrá Camps para convencer al jurado de que él sí pagó sus trajes, como sostiene desde que en febrero de 2009 se hizo pública la investigación policial, dirigida entonces por el juez Baltasar Garzón dentro del caso Gürtel.

Esta parte del caso pasó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano al afectar a aforados, donde el instructor, José Flors, consideró que había indicios de que los acusados aceptaron regalos -prendas de vestir- de la trama corrupta organizada por Francisco Correa. Regalos que se ofrecieron en consideración a su cargo y que por "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor" no pueden equipararse a los regalos o "atenciones de cortesía o mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles", según Flors.

Francisco Camps siempre negó los hechos, mientras que la defensa de Ricardo Costa, sin admitirlos, se centró más en destacar que él no ocupaba un cargo ejecutivo en la Generalitat, por lo que los regalos, en su caso, serían en atención a su puesto en el PP, lo cual no es delito. Esta tesis fue admitida en un recurso por los tres magistrados del TSJ que archivaron toda la causa y por el Supremo, que ordenó seguir investigando a los otros tres imputados y dejó en manos de Flors la decisión de si Ricardo Costa debía ir o no a juicio.

Dimisión de Camps

A la negación de los hechos sumó Camps su resistencia a presentar la dimisión como presidente de la Generalitat, con permiso de Rajoy, quien, no obstante, se fue distanciando de su barón a medida que este se acercaba al banquillo.También fueron determinantes las circunstancias en las que se produjo la destitución de Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo parlamentario, con desplantes públicos a la cúpula del partido en Madrid.

Aún así, y gracias a los recursos, Camps llegó a tiempo de presentarse a las elecciones autonómicas del pasado mayo, en las que venció con más escaños y menos votos gracias al hundimiento de los socialistas.

Solo dos meses después, decretada ya la apertura de juicio oral, presentó la dimisión no sin antes amagar con admitir la condena, como habían hecho Campos y Betoret, pensando que así podría continuar en el cargo.

El tiempo transcurrido -34 meses- desde que estalló el caso, que no tiene muchos testigos ni pruebas, se debe a la infinidad de recursos que los abogados de los acusados han interpuesto. El pasado viernes el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, aún tuvo que resolver sendas alegaciones de Camps y Costa contra las condiciones en las que los medios de comunicación tendrán acceso a las sesiones del juicio.

En él, comparecerán como testigos los principales imputados en el caso Gürtel, como Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, que no están acusados al considerar el instructor que su conducta -entregar regalos- no está tipificada en el Código Penal. También comparecerá el sastre que tomó medidas a Camps, José Tomás, uno de los principales testigos de cargo de las acusaciones. Los abogados de las defensas tendrán enfrente al Ministerio Fiscal y al PSPV-PSOE, que representa a la acusación popular.

El PP no le arropará

A diferencia de lo ocurrido en su declaración ante el instructor, Camps no estará acompañado en esta ocasión por la cúpula del PP valenciano, que tiene cita en Madrid con Mariano Rajoy.

Sí se esperan militantes a las puertas del TSJ, así como detractores del expresidente, que han anunciado una concentración para pedir su condena y exigir su dimisión y la de Costa como diputados autonómicos. También se espera una gran cobertura de los medios de comunicación, a los que Climent ha autorizado a tomar imágenes y sonido de la sala durante todas las sesiones pero no a emitir el juicio en directo.

La previsión del TSJ es que el juicio dure 10 días, los laborables de esta semana y la próxima, y que el 23 de diciembre haya veredicto. Los acusados declararán el mismo lunes, tras la elección de los nueve miembros que compondrán el jurado.

La selección de este jurado no ha estado exenta de polémica, al haberse filtrado que una de las candidatas figuró como suplente en una lista del PSPV-PSOE en las últimas elecciones municipales. Los letrados de Ricardo Coste trataron de excluirla en la vista pública celebrada el 30 de noviembre, pero el magistrado lo rechazó por haberlo pedido fuera de plazo.

No obstante, esta mujer no formará parte del jurado, ya que cada una de las partes -acusación y defensa- tienen este lunes, en la elección definitiva del jurado, la oportunidad de excluir hasta a cuatro candidatos de los que quedan, de un total de 36 que fueron preseleccionados por sorteo para juzgar a su expresidente.

El juicio en cifras

14.021 euros. Es el valor de las prendas de vestir -12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas- que recibió Francisco Camps, según el fiscal. Las que recibió Ricardo Costa están valoradas en 7.325 euros.

9 personas. Son las que formarán el jurado popular que deberá decir si Camps y Costa cometieron los hechos de los que se les acusa. De los preseleccionados por sorteo, cada una de las partes podrá descartar este lunes a un total de cuatro.

41.250 euros. Es la multa que solicita la Fiscalía como condena a Camps por un delito continuado de cohecho, idéntica a la de Ricardo Costa y a la que aceptó Rafael Betoret. La que pagó el otro condenado, Víctor Campos, fue de 35.000 euros.

3 años de cárcel. Es la pena que solicita para los dos acusados el PSPV-PSOE, que representa a la acusación popular, además de 8 años de inhabilitación para cargo público y multas algo superiores a las que pide la Fiscalía.