La Sindicatura de Cuentas detecta 1.832 ayudas a afectados por Erte que no cumplían los requisitos

La Sindicatura de Cuentas ha publicado un informe especial en que ha auditado las ayudas especiales que aprobó la Generalitat Valenciana para las personas con rentas más bajas afectadas por Erte por el Covid. Entre sus resultados, ha detectado que 1.832 de los 199.503 expedientes aprobados no cumplían lo establecido en las condiciones para conceder estas ayudas, por un mínimo de 150 euros al mes. Esa cifra representa el 0,9% de los beneficiarios totales de las ayudas.

"Hemos constatado un incumplimiento de las condiciones del Decreto 54/2020, respecto a 1.832 beneficiarios que, de acuerdo con la información existente en la aplicación REGULA, se encuentran en un Erte solicitado o presentado en la CESSPCT fuera del periodo establecido en el citado decreto. El importe pagado a estos beneficiarios asciende a 274.800 euros", señala el informe.

Es decir, el requisito incumplido era el de la fecha en que se incluyó a estas personas en el Erte, que no coincidía con el establecido por la Generalitat en su decreto. En total, el Gobierno valenciano concedió un importe de 29,92 millones de euros.

La Sindicatura, que decidió intentar auditar estas ayudas debido a su carácter "masivo" en muy poco tiempo y sin fiscalización previa por el carácter excepcional de la situación derivada del Covid. "La Generalitat Valenciana nunca había procesado unas ayudas tan masivas (hasta 200.000 beneficiarios) en un plazo de tiempo inicialmente previsto muy corto (el objetivo era pagarlas en tres meses) y sin fiscalización previa", señala el documento

"Aunque la respuesta de apoyo para el colectivo afectado por la pandemia de la COVID-19 fue rápida al tratarse de ayudas urgentes (el decreto de las ayudas se publicó el 30 de abril de 2020), su tramitación no lo ha sido. En la propia normativa se establecía un plazo de tres meses (30 de julio de 2020) para la resolución que no se ha cumplido", señala el informe, que explica que la tramitación ha llegado a alargarse hasta 8 meses.

La Sindicatura se muestra comprensiva ante una situación nunca antes vivida y el aluvión de Ertes presentados en poco tiempo, pero apunta a dos grandes debilidades: la falta de interoperabilidad entre bases de datos de distintas administraciones como la estatal SEPE y la autonómica Labora, y la escasa adaptación de la Administración pública a los servicios online.

"Sin entrar a valorar las extraordinarias circunstancias en las que se ha desarrollado todo el proceso, la realidad es que la calidad de los datos facilitados por el SEPE, los de REGULA y los de LABORA ha sido muy deficiente, habiéndose observado numerosos errores, inconsistencias, datos incompletos, etc. en repetidas ocasiones a lo largo de la auditoría. Esta circunstancia también ha dificultado la rápida gestión de este tipo de ayudas masivas", recoge el informe.

Ertes aprobados en otras CCAA

Y más teniendo en cuenta que muchos trabajadores afectados no figuraban en los expedientes de Erte aprobados en la autonomía. "Hay 51.147 beneficiarios que no corresponden a los Erte aprobados por la Conselleria de Economía. Estas diferencias son debidas principalmente a que existen beneficiarios que están en Erte aprobados en otras comunidades autónomas, pero ni se nos ha facilitado esta cifra ni la hemos podido obtener", señala la Sindicatura, que al no poder obtener los datos originales del SEPE también limita el alcance de su auditoría.

"La necesidad de gestionar con urgencia datos masivos de procedencias diversas (datos de los Erte de la Conselleria de Economía, datos del SEPE, datos de Labora, de la Tesorería) ha puesto de manifiesto lo poco adaptados que están los procedimientos y sistemas del SEPE y de la Generalitat a la realidad de la administración electrónica y lo alejados del concepto fundamental, establecido en las leyes 39 y 40 de 2015, de entrada única del dato, y la baja interoperabilidad entre las distintas aplicaciones utilizadas", concluye la empresa.