La Generalitat Valenciana, con casas 'okupadas' por 11,7 millones

El auditor de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) considera que la empresa pública no ha reflejado el deterioro de esos activos ante la incertidumbre que pesa sobre el valor de esas viviendas en trámites de desalojo.

No solo particulares y bancos sufren los impagos en los alquileres y el fenómeno de la 'okupación'. El propio parque público de vivienda en alquiler de las Administraciones es uno de los afectados, como certifican las últimas cuentas de la entidad de la Generalitat Valenciana encargada de esta tarea, la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha).

El informe de auditoría de sus cuentas de 2019, realizado por la firma BDO y la propia Intervención de la Generalitat, revela que al cierre de ese año contaba con viviendas que se encontraban en trámite de desalojo que sumaban un valor de 11,7 millones de euros. La auditoría incluye una salvedad por este motivo, ya que considera que debería haberse deteriorado el valor de esos activos.

Posibles deterioros

Según el auditor "el epígrafe de "Inversiones inmobiliarias" del balance de situación a 31 de diciembre de 2019 incluye viviendas destinadas a su explotación en régimen de arrendamiento que se encuentran actualmente en trámite de desalojo por estar ocupadas ilegalmente, siendo su valor neto contable a 31 de diciembre de 2019 de 11.706 miles de euros. Sin embargo, la Entidad no ha registrado deterioro de valor de dichos activos, ante la falta de una expectativa clara del momento en que dichas viviendas van a recuperarse y volver a generar flujos de efectivo futuros, así como de una estimación de las reparaciones necesarias para poner de nuevo las viviendas en condiciones de uso".

Según la memoria, al cierre de 2019 de la entidad el parque total de viviendas públicas se valoraba en cerca de 478 millones de euros, por lo que las viviendas en trámite de desalojo suponen alrededor del 2,4% del valor total.

La propia EVha destaca en su memoria que buena parte de sus esfuerzos se centran en regularizar la situación de muchos de sus inquilinos, intentando mejorar condiciones. 

La memoria también refleja que prevé un impacto directo de la crisis del covid en sus ingresos de este año, precisamente por las medidas aprobadas por el Consell para suspender y aplazar los pagos de los alquileres en determinadas circunstancias durante la pandemia.

Además, la Vicepresidencia segunda de Vivienda recordó que la auditoría del ejercicio anterior se había saldado con una "opinión denegada", al no haber incluido "un inventario valorado del parque público de vivienda". Algo que se ha corregido en 2019 y que pese a dos salvedades le ha permitido recabar la opinión favorable del auditor.