Justicia, equidad y eficiencia... ¿Se ajusta el sistema fiscal español al modelo ideal?
A pocos días del cierre del ejercicio 2013, España debe casi tanto como produce y, si no se toman medidas, es probable que la deuda supere dentro de poco al PIB nacional. A ello se suma el descontento que genera entre ciudadanos y empresarios el hecho de que el Gobierno no haya acometido la tan reclamada reforma del gasto estructural. Lea gratis el último número de la revista jurídica 'Iuris&Lex'
Al contrario, hasta ahora todas las medidas fiscales adoptadas han atacado el lado del ingreso, con un resultado de dudoso éxito: las cifras muestran que la subida de impuestos se ha traducido en una menor recaudación, debida a su impacto negativo sobre el consumo y la inversión privada.
Este es el panorama en el que se mueve la fiscalidad nacional a día de hoy, y el escenario en el que debe operar el grupo de expertos designados por el Ejecutivo que trabaja en la futura reforma fiscal.
Poco se sabe sobre ella, excepto que se prevé tocar el IVA -no en sus tipos, sino en el encasillamiento de cada producto en cada uno de ellos para gravar en mayor medida ciertos artículos- o el Impuesto sobre Sociedades, cuyo tipo efectivo en 2012 fue de tan sólo el 13 por ciento, a pesar de que en teoría el tipo general sea del 30. También que se rebajarán ciertos tipos del IRPF, que ahora son "altos", para devolver la mayor renta disponible a los españoles y reactivar la demanda interna y, con ello, la actividad económica.
En cuanto a los plazos, aún falta mucho recorrido como para augurar cuándo estará listo el texto, aunque el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha indicado que la reforma se tramitará a partir de la segunda mitad de 2014, después de que en febrero concluyan -previsiblemente- los trabajos el comité de expertos creado por el Gobierno. El texto entraría en vigor "de forma escalonada" entre 2014 y 2017, si bien, en el caso del IRPF, Hacienda quiere que los cambios se apliquen ya en 2015. Una vez que esté listo el informe, corresponderá al Gobierno aprobar su propio texto, que pasará luego por su correspondiente tramitación parlamentaria.
Mientras, y de forma paralela a las reuniones de los expertos designados por el Ejecutivo, existen propuestas paralelas que buscan arrojar luz sobre los puntos oscuros de la tributación en España. Es el caso del Consejo General de Economistas: el REAF-REGAF-CGE ha presentado recientemente una lista de 75 propuestas enviadas al Gobierno y a la Comisión de expertos, presentada por el presidente del Consejo, Valentí Pich, a través de un informe titulado Por un sistema fiscal transparente, ordenado y previsible, para el fomento de la actividad económica: sugerencias para la reforma del sistema fiscal. Las propuestas de los economistas van desde las principales figuras tributarias -IVA, IRPF y Sociedades- hasta un análisis comparado del sistema fiscal español con la Unión Europea, pasando por la evolución de los ingresos fiscales, el panorama que dibujan las distintas Administraciones tributarias, y las medidas necesarias para intensificar la lucha contra el fraude.
La austeridad no es la única fórmula
Los economistas parten de la idea de que la austeridad que viene impuesta desde Europa no es la única fórmula para hacer frente a los problemas de déficit que atraviesan, como es el caso de España, muchos Estados miembros. El crecimiento y el nivel de los tipos de interés de la deuda son otros factores clave, de la misma forma que el aporte de liquidez ha sido imprescindible para que el sistema bancario pueda superar sus dificultades de financiación en los mercados.
En cuanto a la fiscalidad, su incidencia en el desarrollo de la economía resulta evidente y, en este sentido, su diseño debe partir de las ideas de equidad y eficiencia.
El informe asegura además que "en un país donde es frecuente legislar de manera muy coyuntural, abordar una reforma fiscal debería requerir una mayor vocación de permanencia, de tal manera que el urgente socorro ante las dificultades presupuestarias no determine el espíritu y la letra de las nuevas normas". Así, el impuesto debe ser siempre "simple, justo y eficaz", lo que facilita a obligados y a la propia Administración el cumplimiento de sus deberes. La ausencia de presión fiscal indirecta y la lucha contra el fraude son otros de los pilares en que debe sustentarse la política tributaria.
Al contrario, "lo que encontramos es un conjunto de tributos que ha perdido sistemática, erosionando en sus bases sin una lógica favorecedora del crecimiento y francamente mejorable en términos de equidad y de eficiencia, pesando excesivamente sobre el factor trabajo". Además, el informe asegura que "será siempre mejor usar políticas de gasto para redistribuir que fiar este objetivo a unos impuestos que, a la postre, pueden acabar dañando los incentivos a ahorrar e invertir".
Un punto de partida con desajustes
Según el estudio existen ciertos desajustes con respecto al funcionamiento de los principales impuestos que marca la media de los países de la UE. Por ejemplo, el IRPF español, con un tipo marginal máximo del 52 por ciento -llegando hasta el 56 en algunas comunidades autónomas- se ha convertido en el quinto más elevado de Europa y uno de los más altos de todo el mundo. Algo similar ocurre con la tributación de los trabajadores, que resultas "especialmente elevada y creciente": un trabajador medio soltero soporta una carga fiscal -IRPF más cotizaciones sociales- sobre las rentas del trabajo del 41,4 por ciento. Este hecho es "aún más grave" si tenemos en cuenta el elevado índice de paro que soporta el país.
En cuanto al IVA, España se ha acercado a través de las últimas reformas al tipo medio de la UE, aunque falta camino por recorrer. El pasado 2011 el tipo medio fue del 14 por ciento, frente al 20,1 de la UE. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, en 2013 el tipo nominal de España fue del 30 por ciento, por encima de la media de la UE, que se encuentra en el 23,22 por ciento. Eso sí, en España los tipos nominales son, en general, mucho mayores que los efectivos, especialmente en Sociedades.
A todo ello se suma un problema clave: la complejidad del marco impositivo, que lleva a los economistas a hablar de un auténtico sudoku normativo. Ello se debe al intento de que cada tributo se adapte a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Ello "no tiene razón de ser" en impuestos como el IVA o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Además, el informe denuncia los "continuos cambios normativos" a que se ven sometidos los tributos en España. Así, aunque es cierto que los impuestos devienen obsoletos por los cambios en la realidad económica y social, "no es conveniente modificarlos continuamente, sin demasiado rigor al implementar cambios muchas veces contradictorios y en demasiadas ocasiones de dudosa aplicación".
Las diferencias tributarias entre las distintas Administraciones en impuestos, como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, es otra de las taras del sistema tal y como está diseñado.
Todo ello genera "unos niveles de litigiosidad alarmantes que consumen recursos materiales y humanos, añadiendo costes a la Administración y a los agentes económicos". Además, y aunque la Agencia Tributaria española es "muy eficiente si la comparamos con las de otros países occidentales", parece que la economía sumergida del país estaría, como poco, 4,5 puntos por encima de la media europea. La Administración Tributaria es, asimismo, "barata comparativamente y con una productividad elevada" con respecto al resto de la UE.
Hacia un nuevo marco para la Renta
La propuesta que plantean los economistas recoge un total de 13 recomendaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ejemplo, se hace referencia a la tarifa a la que tributa la renta general, asegurando que "si queremos un tributo atractivo para las personas que puedan venir a residir aquí, deberíamos rebajar los tipos marginales máximos y elevar los importes a partir de los que se empiezan a aplicar los distintos tipos de la tarifa".
Así, los marginales más elevados no se girarían desde rentas superiores a 53.000 euros, sino desde rentas liquidables más elevadas. Por otro lado, la fórmula de instrumentar los mínimos personales y familiares "debería ser transparente y suficiente para sacar del impuesto a las rentas bajas".
Sobre el régimen de estimación objetiva, los problemas de fraude llevan a los economistas a asegurar que éste debería circunscribirse a contribuyentes de muy pequeña dimensión (para lo que habría que reducir los umbrales cuantitativos de aplicación) y cuyos clientes sean fundamentalmente consumidores finales. Con esta medida "a la vez contribuiremos a que disminuya la atomización de nuestras pymes".
Además, "al estar nuestra economía cada vez más internacionalizada", otra de las propuestas pasa por flexibilizar la exención de las rentas obtenidas por residentes cuando trabajan en el extranjero, por ejemplo, si los desplazamientos se realizan para elaborar estudios con estrategias de inversión en nuevos mercados o para desplazamientos de consejeros ejecutivos.
También convendría "dulcificar" la tributación de aquellos residentes que, por un trabajo en el extranjero, han dejado de serlo, respecto de rentas que siguen obteniendo en España.
Un tipo efectivo más alto en Sociedades
Los economistas proponen, entre otras cosas, rebajar el tipo general para hacer el impuesto más atractivo al inversor foráneo, aunque siendo "conscientes de que esto puede provocar problemas, por la disminución del patrimonio neto, a entidades con créditos fiscales en su activo, por ejemplo, con origen en bases negativas pendientes de compensación, aspecto este que habrá que solucionar". Con respecto a las pymes, se podría aplicar un tipo general y un tipo reducido para el incremento de base imponible que haya tenido la entidad respecto al ejercicio anterior o, alternativamente, una reducción de tipo condicionada al incremento de plantilla.
En cuanto a las bonificaciones, el informe propone su supresión, excepto la correspondiente a Ceuta y Melilla, "siempre que la actividad desempeñada en dichas ciudades por la compañía no esté especialmente conectada a dichos territorios, como sucede por ejemplo con las empresas navieras, excluyendo también a las actividades financieras o de seguros. Asimismo, debería mantenerse el régimen fiscal especial de Canarias, "por sus especiales características insulares".
Del lado de las deducciones, los economistas también tienen claro que la mejor solución es su supresión total, aunque con ciertas excepciones: la inversión por beneficios recientemente implantada para incentivar la capitalización e inversión de las empresas; la deducción por I+D+i, aunque revisándola para que no se beneficien de ella, o se beneficien en menor medida, las entidades que por su objeto social van a realizar indefectiblemente este tipo de actividad, con o sin incentivo; y la de donativos a entidades sin ánimo de lucro, aunque reduciendo el tipo aplicable para que el porcentaje de deducción no supere al tipo de gravamen del Impuesto.
En cuanto a los regímenes especiales, "la tendencia debería ser la de ampliar el ámbito de aplicación del régimen general, recogiéndose dentro de él los especiales que sólo se diferencian en aspectos muy concretos".