El Brexit deja en un limbo legal las largas estancias de británicos en la Comunitat

El próximo 31 de enero -si nada cambia- se producirá la salida pactada de la Unión Europea por parte del Reino Unido, un sonoro fracaso del proyecto comunitario que, pese a todo, se produce finalmente con cierto sentimiento de alivio tras el temor que generó el Brexit duro con el que amenazó el gobierno de Boris Jonhson. El miedo a la ruptura brusca hizo saltar todas las alarmas, y aunque el grueso se han apagado con el calendario reglado para la salida, alguna suena todavía.

En el caso de la Comunitat Valenciana, autonomía con un importante peso del turismo procedente de las islas británicas, preocupa que la marcha de Reino Unido deje a medio plazo en un limbo legal a determinados visitantes. Según explica a elEconomista Joan Calabuig, delegado de Consell para la Unión Europea y las Relaciones Externas, el Brexit deja un "problema por resolver" para los llamados "golondrinas", aquellos que pasan más de tres meses al año en la región.

El problema con el que se encontrará este colectivo ante las restricciones en materia de movilidad que introducirá el Brexit es que no podrá ser considerado un turista -al exceder los 90 días que podrán estar estos últimos sin mayor requisito que el de contar con un pasaporte en vigor-, ni tampoco un residente Británico -para los que tampoco se prevén grandes complicaciones con la marcha de Reino Unido-. Hasta ahora disfrutaban de la libre movilidad con la que cuenta todo ciudadano europeo en el espacio comunitario, pero su futuro escenario está por definir cuando pase el periodo de gracia inicial.

Calabuig detalla que la Generalitat Valenciana estaba trabajando en un plan de contingencia por si se producía el temido Brexit duro. "De pronto un buen número de ciudadanos podrían haber perdido sus derechos. Los erasmus, los concejales británicos en España, los 100.000 residentes en la Comunitat -donde tenemos 70.000 cartillas de salud-... la situación era de gran incerteza", relata. El calendario que fija el acuerdo, sin embargo, establece ahora un periodo de dos años prorrogable hasta dos más en los que nada cambiará.

"El próximo día 31 se rubricará un acuerdo sólido que garantizará los derechos de los ciudadanos para los próximos dos años, con la posibilidad de extenderse hasta 2023. Durante este tiempo, en el que Reino Unido seguirá cumpliendo con sus compromisos financieros con la Unión Europea y seguirá obedeciendo a los tribunales europeos. Los derechos de todos los ciudadanos serán exactamente los mismos que hasta ahora", expone.

¿Y pasada esta fase? "Entonces, en base a la 'Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido', la previsión es que los derechos de los actuales residentes británicos permanezcan inalterables -así como los de los españoles que ya vivan en las islas-". "Existe voluntad política de que no les afecte, ni siquiera en materia sanitaria. Hay un clima de garantía, incluso para los futuros residentes que vengan aquí cuando ya se haya producido el Brexit", subraya Calabuig, que apunta que actualmente Reino Unido paga alrededor de 240 millones de euros a España por la sanidad de los residentes británicos e ingresa alrededor de 40 por el coste de los servicios sanitarios que presta en la nación a españoles.

En la misma línea, se esperan pocos cambios para los turistas de menos de 90 días. "Necesitarán el pasaporte, como tantos otros turistas del mundo que vienen a la Comunitat Valenciana", explica Calabuig. Pero el numeroso grupo que en la actualidad llega a España para pasar largas temporadas no cuenta actualmente con un horizonte definido. "Aquí está el problema por resolver, porque Reino Unido aplicará muchas restricciones futuras a perfiles de este tipo del resto del mundo. En materia de empleo, por ejemplo, hablan de recibir solo a los perfiles laborales que necesiten por falta de mano de obra", explica el dirigente autonómico. La pregunta es ¿Deberá España poner facilidades a los ciudadanos británicos que permanezcan largas temporadas cuando su nación de procedencia esté restringiendo las estancias de los ciudadanos españoles?

Según analiza Joan Calabuig, Reino Unido priorizará el control de la migración, que es un aspecto esencial de entre los que motivaron el Brexit. "Habrá barreras, se producirá una reducción de la movilidad porque así lo persiguen", augura. En consecuencia, la labor de estados como España y de autonomías como la valenciana, que tienen en los visitantes e inversores británicos una importante fuente de ingresos, será emplearse a fondo para reducir al máximo este perjuicio.

Menos cambios para el comercio

Joan Calabuig, por contra, considera que otros sectores importantes para la Comunitat Valenciana como el agroalimentario o el industrial, así como las exportaciones de todo tipo, no padecerán grandes cambios con el Brexit pactado. ¿La razón? Que Reino Unido tampoco quiere modificaciones sustanciales respecto al marco colaborativo actual en materia de comercio internacional. Tanto es así que los británicos se fijan en el tratado comercial con el que cuenta Canadá con la Unión Europea, considerado uno de los más modernos y aperturistas.

"Hay que entender que Reino Unido es una nación importante, pero no del peso de China o EEUU. Además, su principal mercado lo tiene en Europa, no le va a convenir hacer la guerra por su cuenta. De hecho, se va a dar la paradoja que va a tener que seguir adaptándose a los estándares europeos a nivel comercial pero ahora sin poder formar parte en la elaboración de los mismos al tomar la decisión de marcharse", detalla el delegado del Consell para la Unión Europea.

Además, no deberían producirse problemas de estándares con una nación que lleva años en sintonía con el mercado comunitario. "No parece nada probable que Reino Unido rebaje ahora sus exigencias ambientales ni sociales para ser más competitivo a nivel internacional", considera Calabuig.