Blablacar y la mal llamada economía colaborativa

En mayo de 2015 la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) presentó una demanda contra BlaBlaCar ante el Juzgado de lo Mercantil, basada en que su actividad es ilegal y constituye un caso de competencia desleal. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Transporte

Esta plataforma incumple diversos artículos de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), como la intermediación en el mercado de transporte sin que tenga la correspondiente licencia o autorización -recomiendan precios, intermedian en el cobro del servicio mediante tarjeta de crédito, cargan un porcentaje en concepto de comisión sobre el precio del viaje por la intermediación, pagan finalmente al conductor pasados 15 días desde la realización del servicio y el precio no varía en función de la ocupación del vehículo-, o la realización de transporte público con vehículos particulares.

El mes pasado fue el juicio, estamos seguros de nuestros argumentos y, por ello, somos optimistas de cara a la futura Sentencia. Este negocio que se encuadra dentro del creciente fenómeno de la mal llamada economía colaborativa en el transporte, no es más que economía pura y dura, y supone ya más del 50% de la oferta de transporte de viajeros por carretera en los días punta de demanda en determinados trayectos. Por ejemplo, entre Madrid y Valencia, un viernes se ofertan 344 plazas de vehículos particulares, por 780 del autocar de línea, lo que supone un 44% de la oferta; entre Madrid y Murcia, el porcentaje es del 39%; con Alicante, el 53; y con Torrevieja, un 41%; o entre Málaga y Sevilla un 35% y entre Barcelona y Valencia un 28%.

Labores de intermediación

El uso de estas plataformas electrónicas para ofertar servicios de transporte público utilizando vehículos particulares con la excusa de que se comparten los gastos del viaje, no es economía colaborativa, porque lo que realmente hacen son labores de intermediación en el transporte y los servicios no se corresponden con la definición de transporte privado de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. ¿Cuando una empresa de transporte en autobús vende billetes por Internet es una plataforma de economía colaborativa o es una empresa de transporte? Toda la regulación de transporte en vigor es consecuencia de la evolución de la sociedad y tiene como objetivos la seguridad y la calidad de los servicios de transporte, preservar la leal competencia y garantizar los derechos de los pasajeros, normas que no son aplicadas en la actividad desarrollada por estas plataformas, sin tener en cuenta los aspectos fiscales y laborales.

Por eso tenemos normas que regulan los tiempos de conducción y descanso de los conductores, aparatos que los registran -tacógrafos-, formación específica de los conductores, derechos de los pasajeros, ITVs más severas, seguros adicionales, normativa sobre los derechos de los pasajeros, etc.; y todo ello bajo el fuerte control de las Administraciones a través de la inspección de transporte, lo que hace que las garantías de seguridad y calidad de nuestro sector sean muy altas.

Cuando un cliente compra un viaje de autobús tiene toda una organización a su servicio para garantizar una excelente experiencia y cubrir sus necesidades en caso de que se produzca algún incidente. Todo el que quiera actuar en el mercado del transporte deberá someterse a la regulación específica, como lo hacen el resto de actores de este mercado. No parece razonable que haya unos actores que tengan que competir con un brazo atado a una pierna y otros tengan absoluta libertad de movimiento.

Compartir vehículo

También quiero dejar claro que compartir vehículo particular se ha hecho siempre y se seguirá haciendo, y el sector del transporte de viajeros por carretera jamás se ha opuesto a ello, ¡estaríamos locos si lo hiciéramos! Sin embrago, las normas deben ser para todos iguales y si se quiere hacer transporte hay que cumplir con todas las reglas, otra es que haya o no que reformar la legislación. En este caso, lo que se está haciendo bajo el paraguas de economía colaborativa es otra cosa: un negocio de transporte público con vehículos particulares e intermediación en la contratación del transporte, sin someterse a la regulación y fuera del sistema establecido, por tanto haciendo competencia desleal, además de no contribuir al sostenimiento del Estado del Bienestar.

El transporte de viajeros en España genera 80.000 empleos directos, mueve más de 1.651 millones de viajeros al año, factura 3.000 millones de euros, une regularmente más de 8.000 poblaciones y contribuye a las arcas públicas con más de 1.000 millones de euros, todo ello cumpliendo con la regulación. Con la segunda flota de autobuses más moderna de Europa, el sector de transporte de viajeros por carretera español apuesta por la sostenibilidad económica y medioambiental, preocupándose por lograr la excelencia en la calidad de la oferta -como se pone de manifiesto en las encuestas de calidad realizadas por el Ministerio de Fomento, donde se refleja que, a pesar de la crisis, el transporte en autobús ha mejorado en las valoraciones de los viajeros-, con servicios a bordo que otros modos no tienen, como wifi o películas y aplicaciones en streaming, y unos sistemas de seguridad pasiva y activa punteros, algunos de estos elementos se introducen incluso antes en los autobuses que en los turismos. Así, el autobús es el medio de transporte por carretera más seguro y eficiente, 21 veces más seguro que el coche y 3 veces más eficiente en términos de viajero/kilómetro.

En definitiva, las reglas de juego del mercado de transporte de viajeros por carretera son claras, definen que es transporte público y privado, regular y discrecional, así como los requisitos necesarios para operar en el mercado. Pero la dura crisis económica ha fomentado la aparición de plataformas tecnológicas que intermedian en muchos mercados, como el del alquiler de apartamentos turísticos, comidas o el del transporte, que operan al margen de la regulación y están fuera del sistema, compitiendo por tanto con costes inferiores.

Rafael Barbadillo, presidente de Asintra