Telecomunicaciones y tecnología
Un tribunal declara improcedente el ERE en Telemadrid
La decisión, ante la que cabe recurso de casación en un plazo de cinco días, no implica necesariamente la readmisión de los empleados, pero sí que sean indemnizados con 45 días por año trabajado, y no con 20 días con que fueron despedidos aplicándoles la reforma laboral de 2012.
Los sindicatos CCOO, UGT y CGT habían presentado demandas colectivas a principios de año ante la sala de lo Social del tribunal madrileño, exigiendo que el ERE fuera anulado o que los despidos fueran declarados improcedentes por considerar que la decisión había sido política y no económica.
La sala de lo Social del TSJ dice en la sentencia que la decisión no se ajustó a derecho, apreciando "desproporcionalidad" en la extinción inicialmente de 925 puestos - que se quedaron finalmente en 861 - a raíz de que los ingresos de la entidad cayeran un 65 por ciento entre 2005 y 2011.
"Debería llevar al Gobierno de Madrid a reponer mañana mismo al conjunto de personas despedidas de su puesto de trabajo", dijo en rueda de prensa en Madrid el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
El presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, que había especulado con la posibilidad de cerrar la cadena pública si la Justicia declaraba improcedente el ERE, dijo el martes que los despidos se mantendrían.
"El tribunal ha dado la razón al consejo de administración al considerar que las causas son correctas y que esa extinción (de contratos) es correcta, considera que el ERE es correcto desde el punto de vista de esas causas y de la extinción de los contratos", dijo González, en declaraciones recogidas por RNE.
Los sindicatos instaron al Gobierno madrileño a readmitir a los despedidos ya que en su opinión la Justicia había dado la razón a los trabajadores, que protagonizaron numerosas protestas para tratar evitar un ERE que seguía los pasos de otro similar en la televisión autonómica valenciana.
"Si la empresa opta, como parece, por la indemnización, tendrá que abonar un montante total de unos 100 millones de euros a todas las personas despedidas, una cifra desorbitada en un contexto de crisis como el actual y que debería hacer replantearse al Gobierno de Madrid su decisión, teniendo en cuenta que este coste repercute sobre la ciudadanía", dijo la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en un comunicado.