Bruselas denuncia la tasa que RTVE impone a las 'telecos'

Según los cálculos de Bruselas, 230 millones de euros son los que habría debido recaudar el año pasado la tasa que el Gobierno español impuso sobre los operadores de telecomunicaciones, para que contribuyesen a financiar Radio Televisión Española (RTVE). Esta tasa ayudaría a compensar la pérdida de ingresos del ente público tras la prohibición de que emita publicidad.

La Comisión Europea anunció este lunes oficialmente su conocida intención de denunciar a España y Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE, por la tasa que imponen a las telecos para contribuir a financiar a los entes públicos de radio y televisión. Los Gobiernos de ambos países introdujeron estas tasas, que Bruselas y las telecos juzgan ilegales, para compensar la pérdida de ingresos tras prohibir la publicidad en sus respectivas televisiones públicas.

El Ejecutivo comunitario asegura que la legislación de la UE sobre el mercado de las telecomunicaciones dispone que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector deben estar relacionadas directamente con la cobertura de los costes de su regulación. El pulso entre Bruselas, París y Madrid se remonta a octubre de 2010. La legislación hispana de 2009 para financiar Radio Televisión Española (RTVE) impone una tasa del 0,9 % sobre los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones.

Internet de alta velocidad

Por otra parte, la Comisión Europea concedió este lunes dos meses a España y a Hungría para que de una vez apliquen plenamente -como deberían estar haciendo desde mayo de 2010- la Directiva de 2009 que permite que las frecuencias de la banda de 900 megahertzios puedan utilizarse para las conexiones móviles de alta velocidad a Internet, a través de sistemas de tercera generación como el denominado UMTS.

Estas frecuencias estaban reservadas desde el año 1987 al estándar de telefonía móvil GSM, la segunda generación, para favorecer su desarrollo. Bruselas afirmó ayer que la Directiva de 2009 que permite la coexistencia de la segunda y la tercera generación es importante para fomentar un despliegue más rápido y amplio de los servicios de banda ancha inalámbrica. Si España y Hungría no se pliegan a las exigencias de Bruselas, serán denunciadas ante el Tribunal de Justicia de la UE.