Cifuentes estudiará que los 'okupas' tengan responsabilidad legal sobre daños al patrimonio público

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que ha recibido una propuesta que estudiará sobre una posible modificación del Código Penal que contemple la posibilidad de que los 'okupas' que causen daños a viviendas públicas "tengan una responsabilidad legal y patrimonial".

Tras mantener una reunión con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, Cifuentes ha señalado que muchas de las personas que ocupan ilegalmente una vivienda del Ivima la destrozan y provocan daños "impresionantes y muy cuantiosos, que son pagados por el dinero de todos".

Además, Cifuentes se ha comprometido con Mariño a realizar un amplio informe jurídico que analice cuáles son los mecanismos legales para intentar agilizar los procedimientos legales para desocupar las viviendas "y ayudar a las administraciones públicas, que son las tienen para preservar el patrimonio de todos los madrileños". En este sentido, ambas instituciones han establecido un mecanismo de coordinación permanente, que no existía hasta ese momento, para que haya una actuación temprana cuando se produce una irrupción ilegal en una vivienda pública, "un mecanismo para que la Comunidad tenga el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que una irrupción inmediata pueda derivar en una 'okupación' a largo plazo.

"Las viviendas del Ivima son viviendas de protección para rentas muy bajas que se ocupan a la fuerza. Además del dinero que tiene que destinar la Consejería a la reparación de las viviendas que se deja de utilizar para los fines propios, esas propias casas 'okupadas' no las pueden disfrutar sus legítimos destinatarios, que son familias humildes y sin recursos. De ahí la importancia de defender los bienes públicos y lo que es de todos, y en este caso a las familias más desfavorecidas", ha indicado la delegada del Gobierno.

Intervenciones por desalojos

Según ha explicado, en 2011 hubo 214 desalojos y desahucios de viviendas propiedad del Ivima y 25 en lo que llevamos de 2012, así como colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en asentamientos chabolistas. Además, la Guardia Civil ha intervenido en diez asentamientos y en Cañada Real.

Cifuentes ha insistido que, a parte de la lógica colaboración entre administraciones, lo que se pretende con las medidas planteadas hoy es evitar muchos procedimientos judiciales a través de una labor preventiva "y una colaboración absoluta con el resto de las administraciones".

Tolerancia cero con los morosos

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha afirmado esta tarde que "no va a tolerar que morosos que llevan tiempo sin cumplir sus compromisos ni pagar sus rentas y que además producen perjuicios importantes en el bien público vivan a costa de los demás y de la buena voluntad de los ciudadanos".

Mariño se refería a las personas que han 'okupado' ilegalmente viviendas construidas por la Comunidad de Madrid, lo que denominó como una "escalada de okupaciones" que se viven en la actualidad. Esta situación afecta a 560 viviendas del Ivima, el 2 por ciento del total, según datos del departamento regional.

La consejera ha explicado que estos 'okupas' son personas o familias "muy conflictivas, que generan mucha problemática con sus vecinos, que además generan tensiones en muchos casos dramáticas". "Muchos son gente que tiene relación con la delincuencia y con morosidades continuadas en el tiempo. Muchos de estos casos, que han salido en los medios de comunicación, llevan años sin pagar los alquileres al Ivima. No pagan debido a la situación de crisis económica, sino que vienen intentando vivir del esfuerzo de los madrileños durante mucho tiempo", ha detallado.

Mariño ha señalado que, a diferencia de lo ocurrido en otras etapas de la Delegación del Gobierno, ahora hay "sensibilidad para actuar con prevención porque ambas (instituciones) queremos defender el bien público y los derechos; es una diferencia de planteamiento"."Antes era una política de efectos consumados y ahora de forma preventiva. Tenemos que defender los derechos de los ciudadanos honrados de Madrid frente a los que quieren aprovecharse de la solidaridad que siempre demuestran los madrileños con los que más lo necesitan", ha señalado.

Grupos de 'okupas'

La titular regional de Vivienda ha pedido ayuda a la delegada para localizar e identificar a los grupos dedicados "de forma profesional" a buscar viviendas para ser 'okupadas' posteriormente. "Tienen que ser perseguidos con contundencia", ha subrayado.

Mariño ha señalado que existen "oteadores" especializados en avistar edificios que termina la Comunidad y que aún no están ocupados por sus legítimos dueños, y es el ese tiempo cuando se produce un 'efecto llamada' para 'okupar' los pisos.

"En un caso de Navalcarnero hubo 'efecto llamada' de personas que venían de Extremadura. La Ley de Arrendamientos Urbanos está preparada para relaciones normales, pero no cuando se involucran ciudadanos que lo único que hacen es aprovecharse de nuestro sistema, Estado de Derecho y Bienestar, que producen interferencias graves a la hora de la resolución", ha indicado.