El Gobierno aplaza años la regulación del agua urbana

Liana Ardiles, directora general del Agua, anuncia que la norma para ordenar el sector del ciclo integral se acompasará con la reforma de la Directiva Marco del Agua, que empezará a inicios del año que viene.

La expectación, espesa, se podía mascar en el ambiente del magnífico Auditorio del Fórum Evolución, en Burgos, mientras los asistentes aguardaban la intervención de Liana Ardiles, directora general de Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama), durante la celebración de las XXXIII Jornadas Técnicas de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), que se celebran con carácter bienal.

El Gobierno decidió hace unos meses aparcar el alumbramiento de una ley para regular el ciclo integral del agua urbana y la ocasión se prestaba a que se produjera algún anuncio de relevancia en ese o en otros aspectos axiales de la actividad de todos los presentes.

Ardiles, obligada por el diktat de la coyuntura electoral, mantuvo en vilo al auditorio mientras hablaba de las actuaciones de su departamento durante la legislatura y ponía el acento en la calidad del agua, sobre todo en la inversión que se está canalizando gracias a los fondos europeos, bajo la etiqueta del Plan Crece: "En 2021 se habrán puesto 1.400 millones de euros de inversión para saneamiento y depuración".

La directora general se confesó "asombrada" de todo lo que se había hecho, "a pesar de la restricción presupuestaria", y cifró en 665 los millones destinados al saneamiento y la depuración durante la legislatura, repartidos en 265 contratos. Los presentes callaban, pero a pocos se les escapaba que la inversión en la materia es menos de la mitad que la que había durante la época de vacas gordas.

Reforma vinculada a la Planificación Hidrológica

En ese punto entroncó con el discurso gubernamental sobre la Planificación Hidrológica, a pesar de que durante su presentación al auditorio le habían advertido de que "ya lo conocemos". Ardiles demostró que había buenas razones para ello, con independencia del lucimiento que propicia la dejadez en ese ámbito del Gobierno de Zapatero.

"Hemos sentado las bases del cambio de modelo en la gestión del agua", afirmó. "Nada más llegar hicimos una auditoría detallada y ya tenemos una foto completa de la situación, que nos ha permitido establecer prioridades, una lista de lo que hay que hacer, tanto desde el Gobierno como desde las comunidades autónomas", añadió. "Quedan algunos aspectos técnicos por aclarar, pero a finales de año vamos a estar en disposición de abordar el cambio".

Este futuro cambio de modelo de la gestión del agua, que debería hacerse en un plazo "asumible por los ciudadanos", fue relacionado por la directora con el Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica -ahora en información pública-, que abarca hasta 2021.

Tras agradecer la colaboración de Aeas y la Femp en el plano técnico -tienen un grupo de trabajo desde 2013-, apuntó alguno de los asuntos pendientes, como la necesaria participación de las comunidades autónomas y las entidades locales para materializar el cambio. Respecto a las comunidades, indicó que ya se ha elaborado un acuerdo-tipo de colaboración, que se espera firmar con ellas durante este año, y respecto a los ayuntamientos, planteó que "tomen conciencia" para los próximos cinco años de gestión.

Inversiones del Plan Juncker para el agua

Ahí enlazó el discurso con el plano europeo. Poco antes había desvelado que el Magrama mantiene conversaciones con el Banco Europeo de Inversión, para que la financiación canalizada con el llamado Plan Juncker -aspira a movilizar más de 300.000 millones de inversión pública y privada mediante ingeniería financiera- también recale en las infraestructuras del agua. España es el único socio de los 28 que no ha desglosado los proyectos en los que aspira a captar fondos, limitándose a plantear una cifra agregada: 53.000 millones de euros.

Pendientes de la Directiva Marco del Agua

La relación entre la regulación del agua urbana y la política comunitaria tomó cuerpo cuando Ardiles se refirió a la reforma de la Directiva Marco del Agua (DMA), que debería empezar a inicios del año que viene: indicó que todo apunta al establecimiento de un marco "en el que se garantice la sostenibilidad financiera, la recuperación de todos los costes" y que tanto la Comisión Europea como la OCDE han recomendado la revisión del régimen económico del ciclo urbano español. "El clima es el apropiado", sentenció.

Apuntó que ya se han dado los primeros pasos al respecto, en el marco de la Red Europea de Reguladores del Agua, en el que ha surgido el escollo de las diferencias existentes entre los Estados miembro, puesto que sólo en algunos hay regulador. "La Comisión quiere que todos los países sigan la misma dinámica", aseveró, antes de añadir que "España tiene que sumarse a ello; por eso queremos tener todo el trabajo técnico terminado este año".

Ya concluyendo, Ardiles insistió en que "este año se sentarán las bases de lo que está por venir, dejando claro lo que hay que hacer a partir de 2016, para estar listos ante la reforma de la DMA". "Además -apostilló- está la apuesta de este año de sacar adelante 1.100 millones de inversión".

La gran mayoría de los presentes se sintieron defraudados por el discurso de la autoridad en materia de agua, porque llevan mucho tiempo esperando a que la reforma del sector del ciclo integral sea una realidad, y lo escuchado retrasa su materialización varios años, atendiendo a los habituales plazos europeos de promulgación normativa y su traslado al ordenamiento jurídico nacional.