Los cánones de saneamiento subirán un 50% para evitar multas europeas
El Gobierno va a construir 400 depuradoras y condicionará las obras al compromiso de que operen una vez construidas, lo que exige aumentar los cánones de saneamiento y encarecer el recibo final del agua un 20%.
Los cánones de saneamiento suponen el 40 por ciento del recibo doméstico. Se destinan a cubrir los costes de tratamiento de las aguas residuales -la operación de las depuradoras y otras infraestructuras- y los hay en casi todas las comunidades autónomas. Oscilan entre los 0,4 y los 0,5 euros por metro cúbico.
El Gobierno dispone de 700 millones de euros, provenientes del europeo Fondo de Desarrollo Rural (Feder), para construir 400 depuradoras durante los próximos años. En sus planes entra la participación privada, de modo que la inversión que se canalice finalmente sea de 1.400 millones, algo que el mercado espera con ansiedad, tras demasiados ejercicios de vacas muy flacas en la obra pública.
En esos mismos planes se han establecido seis niveles de prioridades para ejecutar las plantas, porque urge: España sufre sanciones económicas crecientes por parte de la UE por no cumplir la normativa de saneamiento y depuración, y cuanto antes se cumpla, menos multa se pagará.
Además, para evitar que las nuevas depuradoras se queden paradas una vez construidas porque no se quiera subir el agua a los vecinos -algo relativamente común-, se exigirán garantías de que operarán correctamente. Ello, necesariamente, lleva a subir los cánones de saneamiento.
Los cálculos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) indican que lo harán en un 50 por ciento, para situarse en 0,6 ó 0,7 euros por metro cúbico. El impacto que tenga este incremento sobre los recibos del agua de los consumidores dependerá de los conceptos que en ellos se incluyan, pero debería rondar el 20 por ciento.
Protocolos de actuación con las comunidades autónomas
El Magrama, que tiene potestad para distribuir los 700 millones del Feder entre las comunidades autónomas, quiere alcanzar protocolos de actuación bilaterales con ellas. Los propone con vigencia hasta 2021 y en función de las prioridades establecidas.
En el sector ha gustado el planteamiento, porque hasta ahora hemos hecho bien las cuentas de las obras de las infraestructuras, pero no las de su operación y el mantenimiento. Roque Gistau, actualmente ligado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo considera "el primer estudio sensato del Magrama" y le gusta, sobre todo, la novedad de que los fondos comunitarios no se libren si no hay garantía de que las plantas hagan su trabajo y depuren el agua.
La normativa comunitaria en materia de depuración y saneamiento (Directiva 91/271/CEE) se aprobó hace ya un cuarto de siglo. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la situación en España no es conforme a lo prescrito. Por eso la Comisión Europea tiene abiertos tres procedimientos de infracción contra nosotros y uno de ellos ya cuenta con sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo desde 2011; incluye una multa con una parte fija de 7,4 millones anuales y otra parte variable, de tres a 186 millones al año, de modo que, hasta ahora, como mínimo, supera los 30 millones.
El pasado mes de noviembre recaló otro de los procedimientos de infracción en el citado Tribunal y se da por sentado que también acabará en sanción, porque no nos va a dar tiempo a construir las infraestructuras necesarias para cumplir la Ley antes de que fallen los jueces. Es imposible saber a cuánto ascenderán las multas que terminaremos pagando, porque son acumulativas, pero en las previsiones del Magrama figura que la suma de todas ronde los 100 millones.
De 19.000 a 9.000 millones de inversión pendiente
Al Magrama no le gusta nada que se hable de este asunto y se niega a facilitar la documentación que cada semestre debe remitir a la Comisión Europea sobre el avance de las actuaciones relativas a los procedimientos de infracción. Liana Ardiles, la directora general del Agua, ha dicho que el Ministerio no lo considera necesario y que sólo se divulgaría esa información cuando estuviera listo el próximo Plan Hidrológico Nacional.
Sin embargo, elEconomista Agua y Medio Ambiente ha tenido acceso al contenido del último informe entregado a Bruselas, con datos de 2013, y al resultado de un estudio sobre la evolución que deberían tener los distintos cánones de saneamiento autonómicos para cubrir el coste de operación de las infraestructuras.
En la actualidad, las 2.525 depuradoras del país consiguen tratar adecuadamente casi el 85 por ciento de todas nuestras aguas residuales, si bien al descender a áreas geográficas concretas ese grado de cumplimiento es notablemente peor, sobre todo en las zonas ambientalmente sensibles, donde las exigencias son mayores. Por otro lado, si todas las infraestructuras construidas operasen correctamente, la carga contaminante del agua sería inferior y se llegaría mejor a los índices de calidad exigidos por la UE.
La previsión del coste que tendrá la construcción de las depuradoras, los tanques de tormenta y las demás infraestructuras necesarias, ha ido bajando desde los 19.000 millones que se estimaban en 2007 hasta los 9.000 millones que el Magrama calcula en la actualidad, a pesar de que la inversión ejecutada entre ambas cifras ha sido mínima por culpa de la crisis.
Ahora, con los fondos del Feder correspondientes al período 2014-2020, vuelve a haber dinero, pero no tanto como haría falta. De ahí que haya que establecer prioridades. Las tres más urgentes requieren una inversión de 1.078 millones de euros, de los que 456 recalarán en Andalucía, con diferencia, el territorio que parte de una peor situación.
Seis niveles de prioridad para las obras
La prioridad número uno corresponde al procedimiento de infracción ya fallado por los jueces europeos, que atiende a aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes equivalentes. En la actualidad todavía hay cinco que no cumplen y la inversión que exigen asciende a 130 millones. La segunda prioridad deriva del procedimiento que acaba de aterrizar en el Tribunal, relativo a poblaciones mayores de 10.000 habitantes que vierten en zonas ambientalmente sensibles. Todavía hay que invertir en ellas 101 millones en 15 actuaciones distintas.
Y la tercera prioridad se centra en el tercer procedimiento, que afecta a núcleos urbanos cuya población está en la horquilla de 2.000 a 15.000 habitantes. Abierto originalmente porque no cumplían 912 pueblos y ciudades, aún hay 370 que vulneran la legislación. Solventar la situación precisará 847 millones.
Tras esta terna mayor, hay otro trío de prioridades, secundarias, menos urgentes porque la cuenta atrás de las sanciones no aprieta todavía. Aquí tenemos las urbes menores de 10.000 habitantes que vierten en zonas sensibles; están incluidas en el segundo de los procedimientos referidos, pero disponen de cierto margen para cumplir gracias a la parsimonia burocrática, aunque el plazo establecido también haya expirado.
Las dos últimas prioridades no deben rendir cuentas a Bruselas. Corresponden a las obras que hay que acometer en función de los hitos de la Planificación Hidrológica: la una abarca hasta 2021 y la otra hasta 2027.
Las cuentas de estos últimos bloques no están muy afinadas todavía, sobre todo en el último período. Sin embargo, se prevé que sólo la Administración central debería destinarles unos 3.860 millones.
Madrid y País Vasco, donde más costará la depuración
Los cánones de saneamiento, por lo tanto, van a ir subiendo. El monto y los plazos dependerán de varios factores, como las inversiones prioritarias y la posible recepción de fondos comunitarios. Éstos se otorgan en función de la riqueza de las distintas comunidades autónomas y algunas, como Cataluña y Madrid, ya no tienen derecho a percibirlos.
El Magrama ha estudiado la evolución al alza de los cánones y llega a la conclusión de que para detener las sanciones y evitar que vuelvan a imponérnoslas, deben subir un 50 por ciento en los próximos años, aunque en aquellas comunidades donde no existen -Castilla y León-, están mal definidos -Canarias-, o son muy bajos, como Andalucía, el impacto será muy superior. En Aragón y Navarra el incremento será mínimo o nulo. Sobre la mesa está el establecimiento de mecanismos de compensación territorial.
En cualquier caso, las comunidades donde el canon, finalmente, será más elevado, son Madrid y País Vasco: rondará los 0,8 euros por metro cúbico.
Mejorar la coordinación con las autonomías
Este año los Presupuestos Generales del Estado contemplan una inversión de 494,7 millones de euros en mejorar la calidad de las aguas, partida correspondiente al saneamiento y la depuración de las aguas residuales urbanas.
Las sociedades estatales, como Acuaes o Acuamed, se llevarán 277,7 millones; las confederaciones hidrográficas, 55,8 millones y la Dirección General del Agua del Magrama gestionará otros 161,1 millones directamente.
El Gobierno quiere que esos fondos inauguren "un nuevo modelo de gestión del agua de uso urbano, enfocado en la colaboración público-privada" -así lo define el Plan Crece- y espera que la firma de protocolos de actuación con las comunidades autónomas mejore la actual coordinación entre las administraciones y acelere las obras.
Fuentes ministeriales indican que hay reuniones para concretar dichos protocolos, pero califican de "complejo" y "poco fluido" el proceso de interlocución por la falta de datos de las comunidades.
La Comisión Europea está al tanto del problema y también le preocupa; a fin de cuentas, no quiere poner multas. Éstas, por cierto, tendrán que repartirse, porque las comunidades autónomas deben asumirlas en la parte que les impute el Gobierno.